El Comité Único del Personal Laboral en el Exterior (Cuplex) reclama el refuerzo de los servicios públicos y unas condiciones de trabajo dignas para garantizar los derechos de la ciudadanía española residente en el extranjero. En un comunicado fechado el 16 de septiembre, el órgano de representación del personal laboral denuncia que las nuevas exigencias derivadas de la Ley de Memoria Democrática (LMD) y de las actuaciones sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) deben ir acompañadas de los recursos humanos, organizativos y preventivos necesarios.
El Cuplex considera que la situación creada en las últimas semanas en torno a la aplicación de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, la formación del CERA y el ejercicio del derecho de sufragio ha abierto un debate que afecta a millones de españoles residentes fuera del país y puede tener consecuencias importantes para el funcionamiento de la red consular y las condiciones de trabajo de su personal.
“Es preciso garantizar los derechos de la ciudadanía española en el exterior y unas condiciones de trabajo adecuadas para el personal encargado de hacerlos efectivos”, señala el comité.
Igualdad de derechos para los españoles del exterior
En su pronunciamiento, el Cuplex defiende que vivir fuera de España no puede convertir a ningún español en un ciudadano de segunda categoría. Recuerda que la Constitución reconoce el derecho de participación política y establece que el Estado facilitará el ejercicio del sufragio a los ciudadanos españoles que se encuentren fuera del territorio nacional.
El comité reivindica asimismo la aplicación de los procedimientos electorales establecidos legalmente y recuerda que la reforma de 2022 puso fin al denominado voto rogado, después de años de reivindicaciones de la ciudadanía española en el exterior, los Consejos de Residentes Españoles y numerosas asociaciones de la emigración.
A su juicio, las garantías del sistema electoral y la efectividad del derecho al voto no deben plantearse como objetivos contrapuestos. Los procedimientos, afirma, deben ser seguros, transparentes y verificables, pero también accesibles y capaces de hacer efectivo el ejercicio de los derechos desde el exterior.
Rechazo a la estigmatización de la emigración
El comité se refiere también a las controversias relativas a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y su incidencia sobre el CERA. Recuerda que los autos dictados por el Tribunal Supremo abrieron una nueva fase en este proceso y sostiene que corresponde a las instituciones competentes y a los tribunales resolver estas cuestiones con todas las garantías. Al mismo tiempo, reclama que las controversias jurídicas o políticas sobre las normas no se transformen en una deslegitimación general de la ciudadanía española en el exterior ni cuestionen a quienes han adquirido legalmente la nacionalidad española mediante los procedimientos establecidos por el Estado.
“La nacionalidad y la emigración no pueden convertirse en una sospecha colectiva”, afirma el comité, que también rechaza los ataques personales contra quienes defienden los derechos de los españoles del exterior desde responsabilidades institucionales, en especial contra la Presidencia del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Más trabajo para las oficinas consulares
Una de las principales preocupaciones del Cuplex es el impacto que las nuevas actuaciones pueden tener sobre las plantillas de las oficinas consulares.
El comité advierte de que cada comprobación, certificación, revisión censal, inscripción registral, consulta o reclamación genera trabajo efectivo para el personal del Servicio Exterior. Entre las tareas que podrían aumentar menciona la identificación de expedientes, la comprobación documental, la emisión de certificaciones, la atención de consultas y reclamaciones y la coordinación entre los registros consulares y los organismos electorales.
“Esta nueva carga de trabajo no puede añadirse sin más a las funciones ordinarias de unas plantillas que ya soportan una presión laboral sin precedentes”, señala el comunicado.
El órgano de representación reclama que el personal disponga de los medios necesarios para asumir las consecuencias de las decisiones políticas, normativas o judiciales y considera inaceptable que se le trasladen nuevas obligaciones sin los recursos adecuados.
El Cuplex concluye defendiendo la necesidad de invertir en el Servicio Exterior para que la ciudadanía española en el exterior pueda acceder a servicios públicos de calidad y ejercer los derechos que le reconocen la Constitución y el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.
