La Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno (DGCEEPR), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ejecutó durante 2025 un total de 52,02 millones de euros en prestaciones, ayudas y subvenciones dirigidas a la ciudadanía española residente en el extranjero y a quienes regresaron a España tras una etapa de emigración.
La ‘Memoria de actividad 2025’ de la Dirección General, al frente de la cual está Elena Bernardo, refleja que 15.658 personas españolas fueron beneficiarias de alguno de los programas gestionados por la Dirección General, mientras que 356 centros y asociaciones españolas en el exterior recibieron subvenciones para desarrollar actividades sociales, asistenciales y culturales.
La principal partida presupuestaria volvió a corresponder a la prestación por razón de necesidad, destinada a personas mayores de 65 años o con incapacidad que residen en países cuyos sistemas de protección social no garantizan la cobertura de sus necesidades básicas. Este programa absorbió 31,29 millones de euros, más de la mitad del presupuesto total del organismo, y permitió atender a 7.787 beneficiarios mediante prestaciones económicas por ancianidad o incapacidad.
Otro de los ejes fundamentales de la actuación de la Dirección General fue la asistencia sanitaria en el exterior. Durante 2025 permanecieron en vigor 17 convenios sanitarios distribuidos en 14 países, que garantizaron atención primaria, hospitalaria, intervenciones quirúrgicas, tratamientos y suministro de medicamentos a 5.191 españoles residentes fuera del país. La inversión destinada a este programa alcanzó los 6,62 millones de euros, en aplicación del derecho a la protección de la salud reconocido en la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.
El organismo también mantuvo las ayudas asistenciales extraordinarias, concebidas para atender situaciones de especial vulnerabilidad derivadas, principalmente, de problemas graves de salud o de gastos imprevistos. En total se concedieron 1.434 ayudas, con una dotación global de 1,3 millones de euros. Los beneficiarios residían en 22 países, la mayoría de ellos en América. Cuba concentró el mayor número de personas atendidas, mientras que Venezuela fue el país que recibió el mayor volumen económico, con el 35,14% del importe total concedido.
En materia de apoyo al tejido asociativo de la emigración, la Dirección General destinó 3,69 millones de euros a programas de subvenciones para entidades españolas en el exterior. Las ayudas permitieron reforzar tanto el funcionamiento de las asociaciones creadas por emigrantes españoles como la actividad asistencial desarrollada por centros sociales, centros de día y residencias para personas mayores y dependientes. Ambos programas incrementaron su financiación respecto al año anterior.
El balance también recoge actuaciones específicas desarrolladas en colaboración con otras instituciones. Entre ellas destaca el convenio suscrito con el Instituto Cervantes para impartir cursos de lengua y cultura españolas dirigidos a menores residentes en Senegal. El Ministerio destinó 15.000 euros a esta iniciativa, cuyo desarrollo fue valorado de forma muy positiva tanto por el profesorado como por el alumnado, abriendo la puerta a futuras ediciones.
Las políticas dirigidas a quienes regresan a España constituyen otro de los ámbitos prioritarios de actuación de la Dirección General. En este apartado sobresale la pensión asistencial por ancianidad para emigrantes retornados, que benefició a 854 personas con una inversión cercana a 6,98 millones de euros. Canarias y Galicia concentraron el 73% de los perceptores de esta prestación, reflejando el peso histórico de la emigración en ambas comunidades autónomas.
Asimismo, la prestación reconocida por la denominada Ley de los Niños de la Guerra alcanzó a 392 beneficiarios, principalmente residentes en México, Argentina y Venezuela, con una dotación de 2,15 millones de euros. El informe señala que el número de perceptores de esta ayuda ha descendido más de un 50 % entre 2021 y 2025 debido al progresivo envejecimiento de este colectivo.
Oficina Española del Retorno
La Oficina Española del Retorno (OER) continuó desempeñando un papel esencial como servicio de información y orientación para quienes desean regresar a España. Más de la mitad de las consultas recibidas estuvieron relacionadas con las pensiones asistenciales para retornados, seguidas de las referidas al Certificado de Emigrante Retornado y al acceso al desempleo. Aunque el correo electrónico continúa siendo el principal canal de atención, durante 2025 aumentaron de forma notable las consultas presenciales y telefónicas.
Precisamente, la expedición del Certificado de Emigrante Retornado (CER) experimentó un importante incremento. Se tramitaron 5.058 solicitudes, un 23,67% más que el año anterior. Cuba encabezó el número de peticiones, seguida de Venezuela, Estados Unidos, Argentina y Australia, mientras que Santa Cruz de Tenerife registró uno de los mayores aumentos en la demanda de este documento.
El Servicio de Asesoramiento Social a Emigrantes Retornados (SASER) mantuvo igualmente su labor de acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad, prestando apoyo tanto a españoles evacuados desde zonas de conflicto como a emigrantes retornados con problemas de exclusión social.
La actividad administrativa desarrollada por la Dirección General también incluyó funciones de revisión y garantía de derechos. Durante el pasado ejercicio se tramitaron 679 revisiones y recursos de alzada en materia de pensiones, la mayoría relacionados con la prestación por razón de necesidad, además de 82 recursos vinculados al Certificado de Emigrante Retornado.
Junto a la gestión de prestaciones, el organismo reforzó su actividad informativa e institucional. Entre otras actuaciones, elaboró estudios sobre los sistemas de protección social de los países donde reside la emigración española y puso en marcha, junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un estudio sobre las experiencias y expectativas de retorno de la juventud española residente en el exterior. También desarrolló programas formativos especializados para empleados públicos y consolidó la revista digital Carta de España y las redes sociales como principales canales de comunicación con la ciudadanía.
En el ámbito de la representación institucional, la Dirección General organizó durante 2025 el IV Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior y las reuniones de sus comisiones delegadas, en las que se aprobaron 85 propuestas destinadas a mejorar los derechos, la participación y la calidad de vida de los españoles residentes fuera del país.
