Los representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) no asistieron a la inauguración del IV Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acompañada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como forma de protesta por la falta de protagonismo de las administraciones autonómicas, según trasladaron a este medio.
Fue el caso de los representantes de los gobiernos de Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y la Región de Murcia que no acudieron a la inauguración ni a la primera parte institucional del Pleno, con las intervenciones de la presidenta del CGGCEE, Violeta Alonso, de la vicepresidenta primera y secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, del vicepresidente segundo y subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Xavier Martí, y de la secretaria general y directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo.
Fuentes de estos ejecutivos autonómicos explicaron que el objetivo de esta protesta era revindicar el lugar que creen que les corresponde como comunidades autónomas dentro del Consejo General de la Ciudadanía Española del Exterior, porque son también Estado. No en vano, recordaron, el presidente de la Comunidad Autónoma es el responsable ordinario del Estado en la propia Comunidad y como Estado ejercen políticas públicas y, en este caso, políticas públicas directamente hacia los ciudadanos del exterior. Asimismo, recordaron que el CGCEE es un órgano consultivo que pretende escuchar a los ciudadanos del exterior a través de sus representantes para adecuar estas políticas públicas.
En este sentido, reclamaron que, de la misma manera que en este Pleno informaba el subsecretario del Ministerio de Exteriores o la secretaria de Estado porque son los órganos del Estado que tienen las competencias más directas sobre los ciudadanos del exterior, sería razonable que también las comunidades autónomas, como siempre ha sido en la tradición de este órgano y nadie hasta este momento había limitado, de alguna manera, tengan esa posibilidad. Aunque fuera durante un módico turno, como siempre ha sido así, señalaron.
Y a partir de ahí, añadieron, también continuarán en el Consejo, como cualquier otro consejero, para escuchar las propuestas de los ciudadanos del exterior, porque este órgano -recalcaron- es para que hablen los ciudadanos del exterior.
Por ello, los representantes de esas comunidades autónomas se incorporaron ya por la tarde, porque era cuando se debatía cada una de las propuestas que han traído los ciudadanos del exterior. Así, aseguraron que querían escuchar los argumentos y también participar en los debates, porque son parte activa.
Respecto al hecho de dejar a las comunidades autónomas con un turno con el conjunto del resto de los consejeros, explicaron que no pretenden ser más que los demás en absoluto. Afirmaron que respetaban y mucho precisamente el trabajo de los consejeros porque este órgano es para escucharles, pero como administración pública son diferentes.
Defendieron que son administración, no ciudadanos, y representan la gestión pública de una comunidad autónoma. Y ese es el sentido que querían trasladar con no asistir a esta primera parte institucional, porque creían que el Gobierno estaba actuando de manera irrespetuosa con las comunidades autónomas. Y añadieron que no tenía sentido quitarle a las comunidades autónomas su voz y que solo se pudiera escuchar la voz del Gobierno central.
Por otro lado, indicaron que en el exterior, en muchos momentos, se encuentran solos si no fuera por las comunidades autónomas que están colaborando intensamente con ellos y eso es lo que escuchan día sí, día también en los diferentes países del mundo.
Y los representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP concluyeron apuntando que a lo mejor sería bueno que los miembros del Gobierno central estuvieran más presentes en el exterior, trabajando con los ciudadanos, con los españoles y entonces se darían cuenta de la realidad que parece que desde sus despachos en Madrid no conocen adecuadamente.
