De las propuestas elaboradas por los miembros del Consejo y debatidas durante las reuniones celebradas entre los días 3 y 8 de octubre, más de 50 han sido aprobadas y se llevarán al próximo pleno que se celebrará, según publicó Carta de España, revista oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el primer semestre del año 2025.
Las reuniones de las comisiones delegadas del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) se llevaron a cabo a lo largo de seis días, principalmente en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En estas sesiones se contó con la participación de más de 20 personas representantes de siete ministerios diferentes, así como con Agustín Santos Maraver, presidente de la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados, y con representantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y del Consejo de la Juventud de España.
Según informó el CGCEE, además de estas sesiones, se han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con representantes del gobierno y de otras instituciones.
Entre ellas, destacan los encuentros con Aina Calvo Sastre, secretaria de Estado de Igualdad, y con la senadora Nuria Medina Santos, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado.
Con la primera, se debatió la necesidad de incluir a las mujeres residentes en el exterior en el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También se habló sobre la Instrucción del 5 de octubre de 2020, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución y sobre el Real Decreto de ayudas a víctimas de violencia sexual, con el objetivo de garantizar que estas ayudas lleguen a las españolas que viven fuera del país.
Con la senadora socialista Nuria Medina se abordó la posibilidad de pilotar programas de asistencia jurídica a través de las Magistraturas de Enlace en el exterior, la presentación de la propuesta de reforma del Código Civil en materia de nacionalidad en el Senado, y la problemática de la falta de un punto de conexión territorial que permita a la ciudadanía española residente en el extranjero acceder a servicios de tramitación autonómica y local, entre otros.
ALCE y homologación de títulos
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte debatió durante los días 3 y 4 de octubre propuestas en el ámbito de la educación y la ciencia.
El programa de Aulas de Lengua y Cultura Españolas (ALCE) ocupó un lugar destacado en la agenda. Se analizó su situación en distintos países y se llevó a cabo un seguimiento del convenio con el Instituto Cervantes para la obtención del diploma DELE por parte del alumnado ALCE.
Otro tema principal de estas jornadas fue la homologación de títulos extranjeros, un proceso que actualmente presenta importantes demoras. La comisión discutió medidas para agilizar el procedimiento tales como la informatización, el aumento de personal o la elaboración de convenios bilaterales entre países que permitan acelerar la validación de títulos.
Entre los asuntos tratados estuvieron el acceso a las universidades españolas para estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero. También se debatió la situación actual de las nuevas Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y la provisión de plazas específicas para aquellos alumnos provenientes de otros sistemas educativos.
Finalmente se han tratado varias propuestas relacionadas con los científicos e investigadores en el exterior, como el reconocimiento de los sexenios o los criterios de acreditación de los méritos del personal docente e investigador.
En las reuniones participaron José Óscar Vila Chaves, vicerrector adjunto de Acceso a la Universidad de la UNED; Andrés Contreras Serrano, asesor del Gabinete del secretario de Estado de Educación; Ana María Griñón Abad, coordinadora del programa ALCE; o Francisco García Pascual, secretario general de Universidades, acompañados por otros miembros de los correspondientes ministerios.
Atención a mujeres víctimas de violencia y servicios sociales en el exterior
La Comisión de Mujeres y Jóvenes también celebró sus reuniones los días 3 y 4 de octubre, contando en su primer día con la participación de Miriam de Andrés de Castro, Coordinadora para la Violencia contra la Mujer en el Exterior del MAEC. Durante su intervención, se abordó el estado actual del Acuerdo Interministerial para la atención, traslado y retorno de mujeres españolas víctimas de violencia en el exterior.
Entre las propuestas debatidas en este ámbito se encuentra la implementación de servicios sociales en el exterior, la dotación de un asesor técnico en materia de servicios sociales en el Ministerio de Asuntos Exteriores o la tramitación de ayudas económicas para víctimas de violencia sexual.
La comisión también recibió a Pilar Blasco Climent, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, con quien se debatieron diversas propuestas sobre juventud, incluyendo la revisión del acuerdo de movilidad juvenil entre España y Canadá.
Por último, la comisión pudo contar con la intervención de Montserrat Coleto Raposo, subdirectora general de Coordinación y Ordenación del Ministerio de Derechos Sociales, quien aportó su experiencia en materia de discapacidad. Con ella se debatieron propuestas como la mejora de la accesibilidad al voto para personas con discapacidades cognitivas y neurodivergencias, el reconocimiento del grado y la calificación de discapacidad a residentes en el exterior, la convalidación del diagnóstico o la adopción de medidas para hacer más accesibles los servicios consulares a las personas mayores.
Más plazas en los viajes del Imserso
Durante las reuniones de la Comisión de Asuntos Sociolaborales, que se celebraron los días 7 y 8 de octubre, se analizaron propuestas en diferentes áreas, como los programas de subvenciones, la sanidad o el Imserso. Entre las aprobadas, destacan la reclamación de que se aumente el número de plazas en los viajes del Imserso, la mejora de las subvenciones a las asociaciones españolas en el exterior, la implementación de servicios sociales en la cartera de servicios de las Consejerías de Trabajo o la firma de convenios bilaterales en materia de Seguridad Social con países de Iberoamérica.
La comisión contó con la intervención de varias personas expertas, como Patricia Saldaña Figa, subdirectora general de Gestión del Ministerio de Derechos Sociales, quien explicó los programas del Imserso y los criterios para la adjudicación de los cupos de viajes para residentes en el exterior.
En el ámbito de la sanidad, Juan Fernando Muñoz Montalvo, secretario general de Salud Digital, presentó la Estrategia de Salud Digital del SNS (2021-2026) y cómo podría aplicarse a la población española en el exterior a través de nuevas tecnologías que faciliten la atención médica a distancia. Por su parte, el diputado de Sumar, Agustín Santos Maraver, presidente de la Comisión de Sanidad, informó sobre el estado del proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud y propuso que el CGCEE solicite una representación propia en el Foro Abierto de la Sanidad.
Por último, Cristina López Heras, directora general del Servicio Exterior, expuso la situación actual del personal laboral temporal (PLEX) en la red consular y las medidas futuras para cubrir puestos vacantes y mejorar las condiciones laborales.
Mejora de los servicios consulares y la fiscalidad
Durante las reuniones de la Comisión de Derechos Civiles y Participación, también celebradas los días 7 y 8 de octubre, se debatieron un elevado número de propuestas, de las cuales 25 fueron aprobadas. Las principales discusiones han girado en torno a la mejora de los servicios consulares y fiscalidad de los españoles en el exterior.
Entre las personas invitadas ha estado María José Garde Garde, directora general de Tributos del Ministerio de Hacienda, quien expuso sobre la fiscalidad de los españoles en el exterior, abordando las diferencias en los tratamientos fiscales. En este ámbito se han aprobado propuestas como la creación de una oficina de finanzas en Alemania o la exención de la obligación de presentar certificados de residencia fiscal para pensionistas ante el INSS.
También han estado presentes Carolina de Manueles Álvarez, directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, y Carmen López García, directora general de Política Interior, quienes trataron la situación actual de la Ley de Memoria Democrática y la apertura de nuevos consulados generales.
Entre las propuestas aprobadas, se encuentran iniciativas como la creación de un nuevo consulado en Quintana Roo, México, o la modernización de las instalaciones consulares en la República Dominicana. Se ha aprobado, además, una propuesta relativa a la creación de una oficina de comunicación en Ottawa y se han planteado mejoras en la comunicación entre consulados y sus usuarios, incluyendo la oferta de información en más lenguas, así como mejoras en los procedimientos entre consulados.
La Comisión Permanente del CGCEE celebró una sesión el día 5 de octubre en la que se debatieron tres propuestas, dos de ellas de carácter organizativo, orientadas a mejorar el funcionamiento interno del Consejo, mientras que la tercera se centra en la necesidad de realizar estudios estadísticos e infografías sobre la ciudadanía española en el exterior y el retorno.
También se abordó cómo impulsar la visibilidad del Consejo, para garantizar un seguimiento eficaz e impulso de los acuerdos alcanzados. Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, fue la encargada de inaugurar esta sesión en la que se habló sobre otros asuntos como el reglamento de la Ley de Extranjería o el calendario de reuniones presenciales del CGCEE durante 2025.
Por último, en la reunión de la Comisión Técnica de Asuntos Jurídicos que tuvo lugar el día 6 de octubre se abordaron propuestas relacionadas con la defensa y mejora de los derechos de los españoles residentes en el exterior, facilitando un marco normativo más inclusivo y que responda mejor a las necesidades de las comunidades fuera de España.
Dentro de las normativas que afectan a los Consejos de Residentes Españoles (CRE) se trabajó en una propuesta de modificación de la Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que regula los presupuestos y gastos de los CRE, con el objetivo de optimizar y adaptarla a la realidad actual que enfrentan los consejos en sus respectivas demarcaciones.
Además, se presentaron una serie de propuestas transversales, en coordinación con otras comisiones. Este enfoque transversal asegura que las decisiones tomadas aborden de manera integral las necesidades de la ciudadanía española en el exterior.
Entre las propuestas más destacadas elaboradas por la Comisión, se encuentran la ampliación de acreditaciones de las magistraturas de enlace que dependen del Ministerio de Justicia, con el fin de mejorar la asistencia legal y el apoyo a los ciudadanos españoles en el extranjero o la posibilidad de mejorar la representación y participación de aquellas comunidades españolas de países que, por su tamaño o estructura, no cuentan con una representación directa en el Consejo.
