El juicio por el desafío secesionista en Cataluña quedó visto para sentencia el miércoles 12, después de cuatro meses exactos, 52 sesiones y 300 horas. El fallo se espera para principios de otoño.
La Fiscalía pide entre 16 y 25 años de cárcel por un delito de rebelión a nueve de los acusados, y la Abogacía del Estado, entre siete y 12 por un delito de sedición.
En sus informes finales, las defensas pasaron al ataque para criticar con dureza a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado por “tergiversar” y forzar el relato de lo que ocurrió en otoño de 2017 para convertir simples actos de protesta en rebeliones y sediciones. El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eyden, reclamó una sentencia que “resuelva el conflicto”. El defensor del exconseller de Interior Joaquim Forn, Javier Melero -que durante todo el juicio ofreció siempre un perfil técnico, alejado del tono político de sus compañeros de estrado- planteó condenar a su defendido solo por desobediencia y desórdenes públicos.
El juicio terminó con los alegatos finales de los acusados. Junqueras afirmó que “lo mejor para todos sería volver a la política”. Jordi Cuixart subrayó que no se arrepiente de nada y que volvería a hacer todo lo que hizo. Jordi Turull aseguró que eran perseguidos por sus ideas. Jordi Rull advirtió de que después de ellos “siempre vendrán más” porque “no existen suficientes cárceles para cerrar el anhelo de libertad de un pueblo”. Y Jordi Sánchez dijo que eran “víctimas de un dolor causado por el Estado”.
Miedo a ser detenidos
El lunes 17 se recogieron en Madrid las actas de los eurodiputados electos el 26-M. El Tribunal Supremo no dio permiso a Junqueras para salir de la cárcel y recoger su acta. Tampoco el expresident Carles Puigdemont y su exconseller Antoni Comín, fugados de la Justicia en Bélgica, fueron a la capital de Epaña a recoger su acta por temor a ser detenidos. Ambos anunciaron su intención de recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A quien sí permitió el Supremo acudir el sábado 15 al pleno de constitución del pleno del Ayuntamiento de Barcelona fue a Forn, concejal electo, pero tuvo que vover inmediatamente después a prisión.
