El Parlament de Cataluña aprobó el 27 de octubre una resolución con este texto: “Constituimos la república catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social”, pese a las advertencias sobre su ilegalidad de los letrados de la Cámara. La propuesta salió adelante en una votación secreta, para evitar problemas legales a quienes la apoyaran, con el sí de 70 diputados, dos votos en blanco y 10 en contra de un total de 135 escaños con los que cuenta el Parlament, puesto que Ciudadanos, Partido Socialista y PP se fueron del pleno antes de la votación. Nadie proclamó la independencia, ni el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; así que se limitaron a votar una propuesta de resolución.
Y todo ello tras las vacilaciones del president en la jornada anterior, en la que se filtró que iba a convocar elecciones como respuesta a la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno de España y para no perder sus competencias. Sin embargo, tras la presión del sector soberanista se plegó a sus deseos y dejó en manos del Parlament una posible declaración de independencia que se abordaría al día siguiente. Puigdemont alegó no ver “garantías” suficientes desde Madrid para convocar elecciones. Según se publicó en varios medios había solicitado la libertad de los líderes de las entidades soberanistas ANC y Òmnium encarcelados, además de algún tipo de inmunidad o benevolencia judicial por las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento.
Y nadie en el mundo reconoció esa supuesta independencia: ningún país de las democracias más representativas, ningún dirigente y representantes de Estados Unidos, la Unión Europea o Rusia, entre otros, respaldaron al Gobierno de España a quien reconocen como único interlocutor.
Si la independencia había durado 8 segundos el pasado 10 de octubre, cuando Puigdemont había anunciado su llegada para acto seguido dejarla en suspenso a la espera de diálogo con el Estado en otra sesión igual de surrealista de la Cámara catalana tras la celebración de la consulta soberanista ilegal del día 1, esta especie de declaración de independencia del 27 de octubre tuvo respuesta del Senado a los 45 minutos, con la aprobación de las medidas propuestas por el Gobierno a través del 155 de la Constitución. Y menos de 5 horas después, Rajoy tomaba el control de la situación.
Puigdemont realizó varias declaraciones en las que no se daba por destituido y pedía una oposición democrática a las medidas del Gobierno. Y el día 29, un millón de personas se manifestaron por las calles de Barcelona en defensa de la unidad de España y de la actuación del Ejecutivo de Rajoy.
Paralelamente, la Justicia se puso en marcha y la Fiscalía General del Estado anunció sendas querellas contra el Govern y contra los miembros de la Mesa del Parlament por su actuación así como una fianza de 6 millones de euros por los gastos ocasionados por todo el proceso soberanista. Así, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, respectivamente, los citó a declarar.
Posteriormente se supo que Puigdemont y varios exconsellers del Govern destituido se habían fugado a Bélgica. El exvicepresidente Oriol Junqueras y 7 exconsellers ingresaron en la cárcel tras declarar acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos y ante el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga como los que se habían ido a Bruselas. Sólo se libró de la prisión el exconseller Santi Vila, que había dimitido cuando supo que el Parlament votaría la independencia. En cuanto a Puigdemont y los huidos, se dictó una orden europea de detención y se entregaron a la Justicia belga, que los dejó libres con medidas cautelares a la espera de decidir su extradición a España.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa pidieron un aplazamiento de su declaración y el Tribunal Supremo accedió para conceder más tiempo a sus abogados, quedando los investigados bajo vigilancia policial.