El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 31 de mayo los Presupuesto Generales del Estado para 2017 con los 176 votos a favor del Partido Popular (PP), Ciudadanos (C’s), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias (NC).
Los Presupuestos pasan al Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta y por tanto garantiza su aprobación definitiva en la última semana del mes- con unas 150 enmiendas nuevas, que han sido incorporadas en la ponencia (7), en su debate en comisión (alrededor de 101) y finalmente en el pleno del Congreso (unas 45), a través de enmiendas transaccionales entre el PP y formaciones como Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos.
Las fuerzas que pactaron con el Gobierno argumentaron los beneficios que traerán estas Cuentas a sus respectivas comunidades, como las inversiones para la ‘Y vasca’ o para las cuencas mineras en Asturias, pasando por las bonificaciones al transporte en Canarias y en Baleares.
El Gobierno se esforzó por resaltar su capacidad de diálogo y negociación para lograr la coincidencia de hasta siete formaciones y, sobre todo, por el mensaje de estabilidad que se envía al exterior. Además, se le presenta la posibilidad de contar con un bloque que respalde su acción de gobierno y le permita llegar hasta el final de la legislatura.
Distintas fuentes calcularon en unos 11.500 millones de euros el precio de los pactos del Gobierno del PP con C’s, CC, PNV y NC. En el caso de Nueva Canarias, cuyo acuerdo de apoyo a las Cuentas firmó el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, un día antes de la votación con el presidente de NC, Román Rodríguez, incluye alrededor de 33 iniciativas -presupuestadas en 204 millones de euros más para Canarias hasta final de año-, en materia de empleo, transportes, asuntos sociales o violencia de género, así como la finalización de la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales, la mejora de proporcionalidad electoral en las Islas y la entrada en vigor del nuevo sistema electoral en 2019, y la desvinculación de los ingresos del Régimen Económico y Fiscal (REF) del sistema de financiación.