Y también a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación para cargo público y a un año y medio de inhabilitación a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau. El tribunal les absuelve a los tres del delito de prevaricación acogiéndose a la jurisprudencia que dice que no se puede condenar por partida doble un único hecho y porque “no actuaron de forma arbitraria”.
La sentencia considera probado que Mas, Ortega y Rigau mantuvieron activa la página web, la campaña de publicidad del 9-N, el reparto de la correspondencia oficial, que permitieron el reparto del material para la votación y activaron los programas informáticos para poder hacer la votación del 9 de noviembre del 2014.
Posteriormente, el Tribunal Supremo condenó por lo mismo y unanimidad al exconseller de Presidencia y actual diputado en el Congreso, Francesc Homs, a un año y un mes de inhabilitación.
Sin embargo, estas resoluciones judiciales no han frenado la deriva independentista de los principales partidos políticos catalanes. No en vano, Juns pel Sí (JxS), la coalición que agrupa a la antigua Convergencia de Artur Mas y a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sacó adelante en el Parlament dos iniciativas fundamentales para el proceso. Por un lado, los Presupuestos de Cataluña para 2017 que incluyen una partida para la consulta, declarada ilegal incluso por órganos derivados del Ejecutivo autonómico.
Y, por otro lado, una reforma exprés del reglamento de la Cámara que permita acelerar la desconexión de Cataluña con el Estado. Para todo ello, JxS contó con los votos a favor de la CUP con el objetivo final de convocar una consulta y la indepencia. Y en ambos casos, hay recursos para que actúe la Justicia ante dichas amenazas.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cerró la puerta a la celebración del referendo y ofreció diálogo, pero siempre dentro de la Ley. Además, el 19 de marzo alrededor de diez mil personas se manifestaron en Barcelona contra el proceso soberanista asegurando que la libertad está en peligro.