Cuando parecía que la deriva soberanista de los dirigentes de Cataluña estaba en un callejón sin salida y que el choque de trenes con la legalidad y el Estado era un hecho ante unas posturas irreconducibles, el pasado 19 de febrero, el delegado del Gobierno en aquella Comunidad, Enric Millo, realizó unas sorprendentes declaraciones en las que aseguraba que el Ejecutivo mantiene negociaciones discretas con la Generalitat.
De hecho, se filtró que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del Govern, Carles Puigdemont, se reunieron y comieron juntos en el Palacio de la Moncloa el 11 de enero sin que se hubiera hecho pública la cita. Ambos ejecutivos ni han confirmado ni han desmentido la cita, lo que le da visos de certidumbre. Incluso en la Administración catalana reconocen “llamadas de cortesía” desde Madrid aunque Puigdemont negó unas negociaciones.
Sí que ha salido al paso de otras informaciones el Gobierno de España para asegurar que con los dirigentes de la Generalitat están dispuestos a hablar de todo menos de la consulta soberanista ni de ninguna iniciativa tendente a romper la unidad de España, como ha repetido Rajoy hasta la saciedad. Se trataría, entonces, de una negociación sobre las 46 reivindicaciones pendientes sobre competencias autonómicas, infraestructuras y nombramientos consensuados que han requerido desde el Govern catalán o sobre los problemas reales de los ciudadanos, que suele decir el presidente del Gobierno de España.
Medidas judiciales
Mientras tanto, la Justicia continúa su camino y el Tribunal Constitucional suspendió la hoja de ruta para el referendo que prepara el Ejecutivo de Puigdemont, al que advirtió de eventuales responsabilidades, incluso penales. Y se sustanció una nueva querella de la fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por la resolución del referendo.
Además, avanzan las investigaciones sobre la financiación irregular de la antigua Convergencia, el partido de Puigdemont y del expresident Artur Mas, inmerso a su vez en un juicio por la consulta del 9-N al igual que varios de sus consellers y a quien un constructor señala como instigador para que pagara comisiones a su formación por la adjudicación de obras públicas.