El Pleno del Constitucional acordó el pasado 14 de diciembre tramitar el incidente de ejecución que presentó la Abogacía del Estado contra esa resolución del Parlament y, como en ocasiones anteriores, advierte a los miembros de la Mesa del Parlament y del Gobierno catalán de las responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir si ignoran su mandato.
El Gobierno defiende en su escrito que el Parlament desobedeció la sentencias del Constitucional con su resolución del pasado 6 de octubre referida al ‘Referéndum’ y al ‘Proceso Constituyente’, incluidos en el Título I sobre ‘El futuro político de Cataluña’.
Esa iniciativa -aprobada con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y la abstención de Catalunya Si Que Es Pot- implica la convocatoria de un referéndum vinculante en 2017 y la convocatoria de unas “elecciones constituyentes” seis meses después si el ‘sí’ a la independencia vence por más del 50 % de los votos.
La suspensión cautelar es consecuencia directa y automática de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución, que determina a su vez que el Tribunal debe levantar o ratificar esa suspensión en un plazo de cinco meses.
Por una advertencia similar que hizo el Constitucional tuvo que acudir a declarar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el día 16 de diciembre como investigada (imputada) en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Respuesta al diálogo
Todo esto ocurre pese a la oferta de diálogo del Gobierno de España para esta legislatura en la que se muestra dispuesto a valorar todas las reclamaciones del Ejecutivo catalán, con excepción de la celebración de una consulta independentistas. La responsable de llevar las negociaciones, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría incluso dispondrá de despacho en Barcelona para facilitar los acuerdos. Hasta reconoció errores del pasado, como no haberse involucrado en la negociación de la reforma del Estatut, especialmente al negarse a consensuarlo con el PSOE y buscar una postura común.
Sin embargo, la respuesta del Govern de Cataluña fue convocar una cumbre soberanista para el 23 de diciembre con el objeto de preparar el referendo, un encuentro al que facciones de Podemos se plantean acudir.