El Pleno del Tribunal Constitucional anuló, el 20 de junio -un día después de que se cumplieran 25 años del atentado más sangriento de ETA: el de Hipercor-, por seis votos a cinco la sentencia del Supremo que en marzo de 2011 prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos, lo que supone “de facto” la legalización de la formación aberzale.
El fallo declara vulnerado el derecho de asociación de los recurrentes y restablece en sus derechos a los promotores. Los estatutos de este grupo rechazan la violencia de ETA, pero no piden que desaparezca ni condenan sus atentados.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que el Gobierno acata pero “discrepa” del contenido del fallo. PP, UPyD, las asociaciones de víctimas y los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil lamentaron de forma crítica el fallo, mientras que el PSOE, IU y los nacionalistas consideraron positiva la decisión, al igual que el Ejecutivo vasco.
Por otro lado, la organización juvenil Segi, ilegalizada por actuar como la cantera de la banda terrorista ETA, anunció su disolución después de varios años sufriendo un intenso acoso policial con numerosas detenciones.