La tarjeta sanitaria de los inmigrantes irregulares caduca el 31 de agosto

Algunas prótesis y el transporte médico no urgente dejarán de ser gratis

Ana Mato en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, donde negó que la reforma sanitaria sea insolidaria.

El decreto que se publicó el pasado 24 de abril especifica, respecto a lo aprobado anteriormente en Consejo de Ministros, que a partir del 31 de agosto los inmigrantes que se encuentran en situación irregular verán caducada la tarjeta sanitaria que les daba acceso a todo el sistema sanitario público. A partir de entonces, básicamente, sólo podrán ser atendidos en urgencias, lo que llevó al PSOE a acusar al PP, en el Gobierno, de llevar a cabo una reforma sanitaria xenófoba. Además, los socialistas estudian recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional.El decreto especifica que algunas prótesis dejarán de ser gratuitas, así como el transporte sanitario no urgente, que es el que utilizan, por ejemplo, aquéllos pacientes que van a diálisis.

El pago, que también afecta a los productos dietéticos, será como el de los medicamentos: nulo en el caso de parados sin prestación y perceptores de las pensiones mínimas, de un sesenta por ciento para las rentas de más de 100.000 euros, del cincuenta por ciento si la renta se comprende entre los 18.000 y los 100.000 euros y del cuarenta por ciento para las rentas inferiores a los 18.000 euros. Además, se conoció que la Admistración podrá tardar hasta seis meses en devolver a los pensionistas el dinero que hayan adelantado y que rebase los topes máximos de gasto farmacéutico mensual (ocho, dieciocho y sesenta euros, en función de la renta).El decreto dio lugar a interpretaciones que la ministra de Sanidad, Ana Mato, rechazó. Por ejemplo, surgió la duda sobre la situación en la que quedan las mujeres divorciadas que no hayan cotizado nunca, en el sentido de si podrán acceder al sistema sanitario público. Además, los jóvenes mayores de 26 años que nunca hayan cotizado deberán acreditar que no tienen ingresos para tener una tarjeta sanitaria propia y no podrán estar acogidos a la de sus padres. Algunas comunidades autónomas, Andalucía, País Vasco y Cataluña, expusieron sus reticencias ante las reformas. Así, la Junta de Andalucía también estudia recurrir al Constitucional porque cree que se vulneran derechos y se invaden competencias autonómicas.

El consejero de Sanidad de Cataluña, Boi Ruiz, y el viceconsejero de Sanidad del País Vasco, Jesús María Fernández. coincideron en que la reforma aprobada por el Ejecutivo no va a servir para asegurar la sostenibilidad de la sanidad pública y por ello presionarán en el trámite parlamentario para introducir cambios.