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ESPECIAL ANIVERSARIO

Voto, nacionalidad, protección social, retorno y nueva emigración

Por Miguel González, editor y director adjunto
Última Actualización Viernes, 07 de Julio de 2017. 15:12h.

En los últimos veinte años, el número de españoles residentes en el extranjero ha aumentado en más de un millón. El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de 1997 ascendía a casi 820.000 inscritos y el mismo censo cerrado a 1 de mayo de 2017 supera los dos millones.


El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) alcanzó el 1 de enero de 2107 los 2,4 millones de personas y, aunque la última Estadística de Migraciones indica un ligero descenso del 9% en el número de personas que abandonaron España en 2016 respecto a 2015, se puede afirmar que la historia de la emigración española continuará por muchos años.

A día de hoy la situación de la emigración, sus inquietudes y reclamaciones han cambiado bastante respecto a 1997, cuando comenzó a publicarse España Exterior. Y ha habido de todo, cambios para mejor y otros, lamentablemente, para peor.

Entre estos últimos destaca sobremanera la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg) que entró en vigor en 2011 y que impuso que todos los ciudadanos españoles residentes en el extranjero tengan que realizar una solicitud previa del voto para poder participar en los comicios celebrados en España, el ‘voto rogado’. Además, este cambio también privó del derecho al voto en las elecciones municipales a nuestros emigrantes.

Estas dos medidas han supuesto un duro mazazo para la emigración que explicaron recientemente los Consejos de Residentes Españoles de Argentina en un comunicado de apoyo a los empleados de la Administración española en el exterior. Decía: “Vemos claramente que las directivas de la diplomacia española dan prioridad a la expansión de las empresas españolas en el exterior, objetivo que valoramos, pero que no debería reducir ni opacar el apoyo a los más de 2 millones de españoles en el extranjero, que siguen sin contar con las suspendidas ayudas para estudio, sin viajes del Imserso, pensiones asistenciales bajo mínimos y que, junto a las instituciones, cuyas ayudas desaparecieron de un plumazo en 2016, ven cada vez más lejanos aquellos derechos consagrados por el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. Sabemos que todo esto tiene su raíz en aquel lamentable error histórico, cuando decidieron restringir el voto con el llamado voto rogado, quitando a los españoles en el exterior la única herramienta de premios y castigos que tiene un ciudadano: su voto”.

Todavía se puede decir más: el ejercicio del derecho al voto no es un mero acto político, sino que constituye un fuerte elemento de unión con la comunidad. Quitarle ese derecho, dificultar el ejercicio de ese derecho a un ciudadano español que vive en el extranjero es como querer romper los lazos con él, darle la espalda, abandonarle y dejarle sin raíces.

Lo que los partidos les han hecho a los emigrantes con la implantación del voto rogado es una ruindad incalificable. Y no solo porque tengan que pedir permiso para ejercer un derecho básico, sino porque la reforma de 2011 ha producido un galimatías, un procedimiento engorroso, lleno de obstáculos que no ha servido para nada. Y algo que hace odiosa a la política y a los políticos es que tomen decisiones que dificulten la vida de las personas sin ningún sentido.

Cualquiera que tuviese algún conocimiento sobre el procedimiento del voto exterior sabía que la reforma iba a ser un desastre para la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero. Y justo en un momento en el que alcanzaba sus cotas más altas, rondando el 30% del CERA. Ahora, seis años después y más de una docena de elecciones celebradas, la participación ronda un ridículo 5%, el esfuerzo de la Administración se ha duplicado y el cabreo de los emigrantes es mayúsculo. Y resulta todavía más hiriente que en estos seis años los partidos no hayan sido capaces de enmendar su error y solamente se hayan oído excusas.

La creación de la Subcomisión para la reforma electoral supone un rayo de esperanza en este problema. Y ahora mismo no hay nadie a favor del actual sistema, nadie: ni la Junta Electoral Central, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni los emigrantes, ni la Oficina del Censo Electoral y ni siquiera los partidos que parieron un artículo 75 de la Loreg que es un ejemplo de la ineptitud de unos legisladores soberbios. Salvo, claro está, que su objetivo haya sido precisamente ese: privar del derecho al voto a los españoles en el exterior. En ese caso su obra ha sido maestra.

El derecho al voto es fundamental porque trae consigo la relevancia política de un colectivo que la necesita imperiosamente para no romper la relación con su tierra de origen. Pero esa relación se fundamenta previamente en la nacionalidad. En este campo se han dado pasos interesantes en los últimos veinte años. Ha habido varias modificaciones del Código Civil que han facilitado el acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles residentes en el extranjero y la Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, más conocida como Ley de Memoria Histórica ha producido que medio millón de personas puedan adquirir la nacionalidad española.

Sin embargo, en este caso el loable esfuerzo legislativo ha dejado algunos cabos sueltos que deberían corregirse: el acceso a la nacionalidad de los nietos de españolas emigradas, puesto que las mujeres no transmitían la nacionalidad antes de 1978; los nietos de españoles emigrados a los países de acogida por cuestiones económicas; y los hijos mayores de edad de quienes les fue reconocida la nacionalidad de origen.

Esta última situación ha generado que dentro de una misma familia haya hijos que son españoles y otros no, solo por el hecho de tener cumplidos los 18 años en el momento de la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.

A esto hay que añadir ese extraño precepto que obliga a que un ciudadano español en el extranjero con doble nacionalidad tenga que manifestar expresamente ante un representante del Estado, entre los 18 y los 21 años, que desea seguir manteniendo la nacionalidad española. Lo lógico sería que tuviese que manifestarse para renunciar a ella, ¿no?

La resolución de estas cuestiones está, como quien dice, a tiro de piedra ya que existe un consenso casi total entre los partidos políticos sobre la necesidad de dar respuesta a estas demandas. Así que cabe esperar que en esta legislatura se pueda ver un nuevo avance en el acceso a la nacionalidad española de los descendientes de emigrantes.

Podríamos decir que nacionalidad y voto son cuestiones que afectan a la esencia de la relación de los emigrantes con España. Pero no hay que olvidar otras tres: la protección social en el extranjero, el retorno y la nueva emigración.

Para abordar las dos primeras podemos acudir al Artículo 42 de la Constitución que es bastante claro: “El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno”.

La sociedad española puede sentirse orgullosa del alto grado de protección social que ha alcanzado. Orgullosa, pero no complaciente. Elogiando que España es el único país que ofrece protección sociosanitaria a sus ciudadanos más necesitados en el exterior (a través de las prestaciones por razón de necesidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de los programas de ayudas y de las acciones que en este sentido desarrollan los Gobierno autonómicos), está claro que hay mucho camino que andar y mucha gente que necesita ayuda.

Actualmente la situación de la colonia española en Venezuela exige a la Administración agilidad para atender las necesidades de nuestros compatriotas en un país al borde de la guerra civil y totalmente desabastecido.

Tampoco hay que olvidar el apoyo a las instituciones que ofrecen asistencia sanitaria a los españoles más desfavorecidos en países donde el acceso a esta cobertura muchas veces es prohibitivo. Hospitales, centros de día, residencias de ancianos en Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay, o centros sociales en Francia, Países Bajos, Reino Unido, por citar algunos, son muestras de la solidaridad que nuestros emigrantes han sembrado por el mundo y que hay que potenciar.

En cuanto al retorno, recordamos que es un mandato constitucional por lo que las Administraciones deben llevar la iniciativa y favorecer el regreso de los españoles que se ven obligados a dejar el país por cuestiones económicas. Además, nuestro país sufre una crisis demográfica alarmante por lo que favorecer ese retorno se ha convertido casi en una necesidad.

Pero el retorno tiene otra vertiente: el regreso de miles de emigrantes que se marcharon, sobre todo a Europa, en los años 50 y 60. Su retorno favorece a la economía española ya que casi todos ellos traen consigo una pensión de un país europeo. Si embargo, la Administración española ha entendido a su manera aquello de ‘orientar las políticas hacia su retorno’ del Artículo 42 de la Constitución y no se le ha ocurrido otra cosa que fiscalizar esas pensiones sin aviso previo, con retroactividad y con escasa información, o no reconocer las prestaciones por incapacidad de otros países.

Por último, la tercera cuestión relevante es la nueva emigración. Decenas de miles de españoles han salido de España en los últimos años, tanto obligados por la crisis económica como debido a ese fenómeno llamado globalización y que afecta a nuestra forma de vivir, a nuestras relaciones personales y profesionales. Es una nueva emigración, con un perfil diferente al de la emigración de los años 50 y 60 -igual que aquella tenía un perfil diferente a la emigración anterior de principios del siglo XX-.

Por ser nueva todavía no está claro cómo integrarla en una sociedad moderna y avanzada como es España. Pero lo que sí está claro es que es una oportunidad para este país. Las nuevas tecnologías, la evolución de los medios de transporte, la apertura de las economías y de las relaciones comerciales, los medios de comunicación, todos han sido instrumentos que han favorecido la globalización y que también servirán para que esa nueva emigración se sienta en el extranjero como en casa.

En ese sentirse como en casa tienen un papel importante los centros, asociaciones y entidades de todo tipo que la emigración ha ido creando en el exterior. Ahora es el momento de que aborden sin miedo el relevo generacional, con la ayuda de los poderes públicos y adaptándose a la idiosincrasia de cada país, atrayendo a los jóvenes -a los descendientes y a los recién llegados-, renovando su oferta y adecuándose a las demandas de la nueva emigración.

Voto, nacionalidad, protección social, retorno y nueva emigración. Son los cinco ejes sobre los que girará la política migratoria en los próximos años. Y España Exterior estará ahí, siempre junto a nuestros emigrantes. Porque desde 1997 han pasado muchas cosas, pero muchas más nos esperan en el futuro.

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2 Comentarios

Javier Lago  11.jul.2017 | 19:56
#2

Regreso de todxs los emigrantes ya

Juliana Jodar  08.jul.2017 | 14:48
#1

Exelente la editorial.
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