El personal laboral de la Administración española que presta sus servicios en el exterior (consulados, embajadas y demás organismos estatales con sedes fuera del territorio nacional) inició, el pasado martes 5 de septiembre, una escalada de movilizaciones en forma de huelgas en todo el mundo para reclamar una subida salarial digna, acorde al coste de la vida en los países donde residen.
Los paros, convocados por los sindicatos CSIF, CC.OO y UGT, comenzaron este verano en Argentina, Australia, Suecia y Canadá, y se retoman estos primeros días de septiembre en Finlandia y Nicaragua. Además, el viernes 8 de septiembre, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) paró en 29 países, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Cooperante, según informaron desde CSIF.
Los sindicatos intensificarán las movilizaciones en diferentes países a lo largo de todo el mes de septiembre en el caso de que el Gobierno no ofrezca una respuesta a sus reivindicaciones.
CSIF, CC.OO y UGT reclaman la revisión salarial de un colectivo de unas entre 6.000 y 7.000 personas destinadas en el extranjero que llevan con el sueldo congelado desde 2009 y que sufren por ello graves dificultades económicas y pérdida de poder adquisitivo, como consecuencia de una inflación que oscila entre el 40 y el 50 por ciento.
Este colectivo manifiesta su preocupación y reclama el amparo de la Administración ante el incremento del coste de los productos básicos y los servicios en estos países, como la sanidad y la educación, así como la vivienda.
Esta sucesión de huelgas afectará de nuevo a Argentina, Australia, Suecia, Canadá -donde se retomarán las protestas iniciadas en julio-, a los que se sumarán previsiblemente, entre otros, Guinea Ecuatorial, Tanzania, Italia, Reino Unido o Marruecos, así como en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Los sindicatos avisan de que el conflicto podría desembocar en una convocatoria simultánea de huelga a nivel internacional, lo que supondría el primer paro global de la historia.
Por otra parte, desde la Federación Exterior de Izquierda Unida anuncian reuniones con los trabajadores afectados en el mes de septiembre y un plan de acción después de las mismas para exigir al Gobierno que el personal laboral de la administración exterior tenga unas condiciones de trabajo dignas.
Asimismo, animan a compartir y hacer visible este conflicto a través de las redes sociales, puesto que al tratarse de un conflicto tan descentralizado y que ocurre fuera de las fronteras del Estado, sufre una falta de visibilidad que hace que sus reivindicaciones no lleguen a los oídos de gran parte de la sociedad.
“Los 2,5 millones de españoles residentes en el exterior -un número que además sigue creciendo cada año- nos merecemos una Administración que trate bien a sus trabajadoras y trabajadores”, concluye la nota de prensa de Izquierda Unida.