El director general de Migraciones y secretario del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Ildefonso de la Campa, explicó en su intervención ante el I Pleno del VII Mandato de este órgano los motivos por los que no se convocará este año el Programa de Jóvenes de la Dirección General.
Respecto al Programa de Jóvenes, De la Campa indicó que no se va a convocar porque muchas entidades y empresas se lanzaron a proyectos demasiado ambiciosos de atención a este colectivo basándose quizás en informaciones no del todo exactas sobre el volumen de emigración de los jóvenes y luego no fueron capaces de justificar los gastos inicialmente previstos ni se cumplieron los objetivos de las acciones subvencionadas, por lo que hubo que requerirles reintegros de las ayudas. “Nos preocupa mucho que entidades con una tradición muy importante en el trabajo a favor de los emigrantes en Europa se hayan visto muy seriamente afectadas por el incumplimiento de estos programas”, explicó.
Uno de los problemas fue que los jóvenes no estaban inscritos en el Registro de Matrícula Consular, requisito exigido por las bases del Programa. De la Campa pidió a los consejeros que promuevan que los jóvenes se inscriban. “Creo que en este país se está generando un relato que relaciona el hecho de que los jóvenes estén en el exterior con el hecho de que van a perder sus derechos en España que no está aportando nada bueno”, dijo.
En cuanto a los retornados de Venezuela que llevan casi dos años sin cobrar la pensión, el director de Migraciones advirtió que es un problema que aumentará mientras no mejore la situación. Informó que el 39% de las 16.500 peticiones de protección internacional que recibió España en 2016 provienen de venezolanos y que son los españoles que más están retornando.
La postura del Ministerio es que no se debe romper el convenio de Seguridad Social con Venezuela porque “las consecuencias iban a ser más lesivas para los jubilados españoles en aquel país”. No se mostró favorable a hacer excepciones y que el Estado español asuma estas pensiones; y añadió que la atención social del colectivo, a raíz de la nueva doctrina del Tribunal Constitucional, recaerá exclusivamente sobre las comunidades autónomas.