La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó en su reunión del miércoles 22 de marzo enviar una carta al Gobierno español advirtiéndole sobre las reclamaciones de los pensionistas retornados y proponiéndole que atienda sus reclamaciones. Misivas similares se enviarán a la Comisión Europea, en concreto a la Dirección General Taxud (de Fiscalidad y Aduanas), a las comisiones de Asuntos Económicos y de Empleo del propio Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.
Esta fue la decisión que tomó la Comisión después de escuchar la exposición que realizó Alexandre Lago Portela en nombre de la Plataforma de emigrantes retornados da comarca de Vigo, integrada en la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados.
En su intervención, Lago Portela se refirió a la discriminación que supone que se considere que un retornado recibe rentas de dos pagadores diferentes mientras que a un pensionista residente en España, aunque reciba dos pensiones, se considera que tiene un solo pagador. La diferencia estriba en que para quien tiene un solo pagador el límite de ingresos para estar exento de realizar la declaración de la renta es de 22.000 euros que desciende a 12.000 para quienes perciban rentas de dos pagadores.
Asimismo, habló sobre las dificultades que hay para que se reconozcan en España los certificados de invalidez emitidos en otros países europeos. Esto perjudica a los emigrantes retornados que perciben pensiones de invalidez de otros países de la UE ya que al no reconocérseles dicha invalidez, se les obliga a tributar por esas pensiones que estarían exentas si se tratase de pensiones otorgadas por España.
En el debate intervino el español Juan López Rodríguez, en representación de la Dirección General de Fiscalidad y Aduanas (Taxud) de la Comisión Europea, quien señaló que los problemas planteados deben reducirse dentro de los convenios bilaterales que España tenga con otros países y que no existe una regulación normalizada al respecto por lo que “la UE no puede tomar cartas en el asunto”, al tratarse de una competencia que tiene cada estado miembro.
Respecto al reconocimiento de los certificados de invalidez, el funcionario señaló que tampoco existe una regulación armonizada al respecto a nivel europeo “por lo que España tiene derecho a exigir que se acredite el grado de invalidez”.
La vicepresidenta de la Comisión de Peticiones y eurodiputado por el Grupo Popular, Rosa Estarás, repasó algunas de las medidas que ha tomado el Gobierno español relacionadas con los pensionistas retornados y coincidió con el criterio esgrimido por el representante de la Comisión.
La eurodiputada Lidia Senra, de Alternativa Galega de Esquerda en Europa, lamentó que la única respuesta ofrecida por la Comisión es que no tiene competencias. “Creo que si hay voluntad política en la Comisión pueden hacer más”, afirmó.