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Gestiones con los gobiernos de las comunidades autónomas

Última Actualización Martes, 14 de Marzo de 2017. 10:47h.


A nivel autonómico, en Galicia hubo varias reuniones con la Xunta (con la Secretaría Xeral da Emigración, con la Consellería de Política Social y con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda), además de con diputados en el Congreso por Pontevedra. El Ejecutivo gallego, de manera personalizada, proporciona ayudas paliativas a través de asistentes sociales. “Son ayudas pequeñas y puntuales pero el colectivo no ha sido realmente atendido”, recuerda Varenkow.
El pasado 17 de febrero, el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, afirmó ante la Comisión 1ª Institucional de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento de Galicia que incluso antes de surgir este problema siempre se ha mantenido en contacto con las asociaciones de emigrantes retornados en Galicia. Fruto de ese seguimiento, el Ejecutivo decidió “atender las peticiones de ayuda de los beneficiarios con acciones concretas encaminadas a paliar la situación en la que se encontraban y encuentran”, explica la Xunta en nota de prensa, e incrementó el esfuerzo presupuestario destinado a las ayudas extraordinarias para el retorno, a emigrantes que volvieron desde Venezuela.
Además, y en esta misma línea, la Consellería de Política Social cambió el sistema de concesión de ayudas de emergencia social, introduciendo la consideración de los ingresos efectivos y percibidos, y no los reconocidos. De esta manera, se están cubriendo las necesidades básicas del colectivo de afectados, permitiendo el acceso de sus integrantes a elementos primarios de alimentación, vestido y ajuar doméstico, con una atención individualizada de los casos atendidos.
También recordó Miranda los contactos permanentes de su departamento con la Embajada española en Venezuela y su Consejería de Empleo y Seguridad Social como órganos de interlocución ante el Gobierno venezolano. Así como con la Secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y la Dirección Xeral de Inclusión Social de la Xunta dio traslado al Imserso, su homólogo en Madrid, de la situación especial del colectivo. También la representación del Gobierno gallego puso el asunto en conocimiento del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).
Ante la larga espera de una solución, la Secretaría Xeral da Emigración tiene prevista la apertura de dos oficinas de información para este colectivo en Vigo y Ourense, por medio de un convenio con las asociaciones que representan a la mayor parte de los afectados.
El diputado del PSdeG, Juan Díaz Villoslada, pidió en la misma Comisión ante la que compareció Miranda que la Xunta ayude a estos ciudadanos de manera urgente para ofrecerles una salida. Además le solicitó al secretario xeral que no se les exija a los afectados la devolución del complemento de mínimos, pues ya hay resoluciones judiciales que les dan la razón. Por su parte la Valedora do Pobo, Milagros Otero, escribió una carta al Defensor de la Republica Bolivariana de Venezuela pidiendo su colaboración.
En Canarias, según asegura Cándido León Alfaya, aproximadamente el 25% de la población son emigrantes retornados de Venezuela o relacionados con la emigración de alguna forma con doble nacionalidad. El presidente de la Unión de Emigrantes Retornados Canarios (Uerca) explica que el Boletín Oficial de Canarias (BOC) recogió la concesión por parte del Gobierno de esa Comunidad de ayudas sociales por razones humanitarias de 100 euros. “Son ayudas espontáneas pero no resuelven nada”, añade Cándido León.
Además el Gobierno de Canarias se ha puesto en contacto con la Secretaría Xeral da Emigración para consultarles el procedimiento para que los afectados puedan tener acceso a ayudas sociales a pesar de tener reconocida su pensión de Venezuela.
Y en Madrid, también se han dado casos de ayudas puntuales y esporádicas de algunos ayuntamientos. Pedro Ontiveros, presidente de Asopejuvecma, explica que están tratando de que estas ayudas se unifiquen en toda España.“No es fácil, porque cada quien depende de su autonomía. En Asturias se han reunido con el Parlamento para tratar de hacer un plan humanitario para los pensionados”, afirma Ontiveros.
Precisamente, la directora general de Emigración y Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias, Begoña Serrano, se refirió en el pleno del CGCEE a este problema. “Ya sé que el Gobierno de Venezuela no se sienta a hablar. Pero hagamos presión, demos pasos, aunque nos digan que no, aunque no haya manera, pero hagamos algo porque los retornados de Venezuela en España, las asociaciones de Asturias, nos están poniendo encima de la mesa casos de personas que se van a quedar sin casa y sin nada porque llevan un año sin cobrar su pensión”, afirmó Serrano. Y añadió: “tenemos que buscar la manera de crear un protocolo porque como Venezuela no reconoce que no les paga las pensiones está fuera de la ley que nosotros les demos ayudas y tenemos un problema muy serio con eso”.

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