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El impago de las pensiones por parte de Venezuela está creando un verdadero drama social en España

El número de afectados ronda los 9.000 según las asociaciones que los representan
Lucía Limés
Última Actualización Martes, 14 de Marzo de 2017. 10:52h.

Situación de indefensión total, incertidumbre permanente y riesgo de exclusión social. Así es el estado en que se encuentran miles de personas mayores en España que no reciben la pensión a la que tienen derecho por parte de Venezuela después de haber trabajado muchos años en ese país.

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Todo esto es una consecuencia de la crisis económica que sufre el país gobernado por Nicolás Maduro cuyas causas son, principalmente, la bajada del precio del petróleo y la tremenda inflación que existe.

El colectivo está formado por ciudadanos venezolanos, muchos de ellos incluso con la doble nacionalidad, y por emigrantes españoles retornados.

Estas personas han venido a España a vivir su retiro debido al vínculo histórico existente entre los dos países. Muchos de ellos se han trasladado con sus familias, buscando una vida más segura y con mejores recursos respecto a lo que hoy en día ofrece Venezuela.

No hay datos oficiales del total de afectados por este problema en España, porque se desconoce el número de pensionistas venezolanos que no cobran actualmente la prestación. Sí se sabe que hay  11.255 pensiones reconocidas por el convenio de la Seguridad Social entre España y Venezuela de los que 2.439 viven en la República Bolivariana, según datos de la Seguridad Social española.

Se trata de un Convenio Bilateral vigente desde 1990 entre Venezuela y España, (también vigente con Chile, Ecuador y Uruguay, entre otros países) que establece que si las cotizaciones realizadas en uno de los dos países no son suficientes para poder cobrar una pensión se suman los años cotizados de ambos países adquiriendo así el derecho a ella. A día de hoy este convenio se está incumpliendo por parte de Venezuela.

Pese a no haber una cifra global, las asociaciones que representan a los afectados estiman que en Galicia hay más de 3.000 personas con este problema, en Canarias cerca de 4.000 y en la Comunidad de Madrid, más de 1.400; estando el resto repartidos el territorio español. La mayoría de ellos residen en Canarias y en Galicia, por sus fuertes vínculos históricos con Venezuela. Estos ciudadanos llevan sin cobrar la prestación de Venezuela a la que tienen derecho desde hace más de un año. Se trata de una comunidad especialmente vulnerable, personas mayores de 65 años que no tienen ningún otro tipo de ingreso.

Su realidad es tremendamente complicada. Los que los tienen, viven de sus ahorros, que ya se les están ya agotando; los que no, de familiares o amigos y muchos de ellos han tenido que acudir a organizaciones como Cáritas o Cruz Roja. Existen casos realmente dramáticos como el de un pensionista de Alicante que murió y, al no tener ingresos, tardaron cuatro días en darle sepultura, gracias a las aportaciones del Ayuntamiento y a una colecta entre personas pensionadas, según explica Andrés Varenkow, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados en Galicia (Asopejuveg).

Debido al impago de las pensiones, los problemas de salud de los afectados, propios de una edad avanzada, se agravan por el abandono y desamparo que sufren, lo que está ocasionando un problema social serio para España. Incluso en la Declaración de Madrid firmada el 15 de noviembre del 2016 por la Asociación de Pensionados de Venezuela en Madrid (Asopejuvecma), la Asociación de Pensionados en el Exterior (Asopex) y la Asociación de Pensionados de Venezuela en Canarias (Asopevec) se cita el caso de dos personas que fallecieron por causas médicas atribuíbles a la falta de recursos.  

A este problema se le añade que la página web del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), necesaria para que Venezuela abone la transferencia de divisas de las jubilaciones cumpliendo una serie de requisitos, impide ahora realizar los trámites necesarios, lo que no permite cobrar el importe de la prestación a los ciudadanos con este derecho.

La situación se agrava aún más puesto que el colectivo de afectados no puede recibir ayudas sociales de emergencia del estado español porque Venezuela no reconoce el impago de las pensiones. Dichas prestaciones están legalmente establecidas pero no constan como no recibidas para España.

Y se complica aún más debido a la problemática existente con el complemento de mínimos, según explica Romina Moreira, abogada colaboradora de la Asociación de afectados en Galicia. Si al sumar las pensiones de Venezuela y España no llegan a un mínimo (de 605 euros mensuales para los beneficiarios sin cónyuge a cargo),  la Seguridad Social paga un complemento.

Debido a la fuerte inflación en Venezuela, durante los años 2014 y 2015 las pensiones se incrementaron muchísimo (de los 300 a 400 euros que se cobraban han llegado a alcanzar unos 1.300 euros) por lo que la Seguridad Social eliminó el complemento para estos pensionistas y exigió la devolución de lo cobrado en años anteriores en los que la suma de las pensiones lo hacía innecesario.

Ante el impago de Venezuela, ahora hay casos de personas que sin el complemento de mínimos se han quedado con una cantidad inferior incluso a 25 euros al mes y no se les reconoce de nuevo el complemento porque tienen una pension venezolana muy alta pero que en realidad no está cobrando.

Ante esta tesitura, los afectados decidieron unir su voz a través de asociaciones y comenzar a emprender acciones y reclamaciones en nombre de todos ellos.

La mencionada Declaración de Madrid, firmada por la Asociación de Pensionados de Venezuela en Madrid, la Asociación de Pensionados en el Exterior y la Asociación de Pensionados de Venezuela en Canarias, recoge las principales demandas de este colectivo. Lo primero que solicitan es la declaración, por parte del Congreso de los Diputados de España, de “emergencia humanitaria”, dada la gran cantidad de ciudadanos afectados.

También exigen enviar una comunicación formal del organismo de la Seguridad Social española responsable por el Convenio Bilateral ante el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre el incumplimiento del convenio; así como solicitar la incorporación del tema ‘pensionados y jubilados en el exterior’ en las Mesas de Negociación que se llevan a cabo en Caracas con la participación del Gobierno y oposición y con la mediación del Papa Francisco.

Reclaman, asimismo, la inmediata publicación de un cronograma de pagos para los pensionados en países con convenio y para todos los demás, incluyendo los montos aprobados y pendientes por liquidar. Y exigen la inmediata apertura de la opción de nuevas solicitudes para jubilados en el sistema informático de Cencoex.

Por último, piden la inmediata incorporación de los pensionados en tramitación de traslado, en países con convenio, a las nóminas de pago del IVSS, y la apertura, por parte de las autoridades de España, de procedimientos administrativos de ayudas de ayuntamientos y comunidades autónomas. Para canalizar todas estas demandas se han creado asociaciones como las ya citadas -Asopejuveg en Galicia y Asopejuvecma en Madrid- a las que se han unido otras ya existentes como la Unión de Emigrantes Retornados Canarios (Uerca). Como éstas hay más asociaciones que se reparten a lo largo y ancho del territorio español. A día de hoy existe una federación a nivel nacional en proceso de legalización que agrupa a todas ellas.

La primera medida tomada para solucionar este problema fue acudir a los consulados y a la embajada venezolana, donde no les han resuelto nada. “La atención es cortés, sin embargo no hay ningún tipo de soluciones ni de fechas de cuándo esto podría ser subsanado”, lamenta Andrés Varenkow, presidente de la asociación gallega.

Además el colectivo de afectados recurrió al Instituto Nacional de Seguridad Social que ha enviado dos comunicados oficiales a Venezuela, uno en el mes de septiembre de 2016 y otro en diciembre, solicitándole el cumplimiento del convenio que establece de manera precisa que se debe hacer un pago regular. Se hizo, por lo tanto, una reclamación oficial ante el Instituto Venezolano de la Seguridad Social que no ha obtenido respuesta. Las asociaciones también recurrieron al Defensor del Pueblo en España que se ha dirigido a su homólogo venezolano y a las instituciones publicas españolas.

La asociación de Madrid ha mantenido contactos con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y con el Ministerio de Asuntos Exteriores. A todo esto se suma el envío de comunicaciones, a través de un emisario que viaja a Venezuela, ratificando que se permita la autorización de la transferencia de divisas a los jubilados por el Cencoex con copia al Ministerio de Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo de Venezuela.

Los afectados han llegado ya a llevar sus peticiones de ayuda ante organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos y a los parlamento europeo y latinoamericano.  A pesar de estas acciones, a día de hoy, Venezuela se mantiene en silencio.

A todo esto se suman las protestas sociales a través de manifestaciones. En Galicia, concretamente, se han llevado a cabo frente al Consulado y otras en la subdelegación del Gobierno de la ciudad de Vigo. La última fue el pasado 4 de febrero.
La situación está, por lo tanto evolucionando con la misma rapidez con las que este colectivo se mueve. A medida que hay reuniones y acciones hay más promesas de cambio.

“Nos sentimos moderadamente optimistas de que habrá una solución a corto plazo. Y debe ser a corto plazo porque hay gente que ha sido evacuada de sus inmuebles, no puede comer, no puede pagar la calefacción. Esperamos una respuesta de España de qué hacer con este colectivo aunque sea de manera temporal”, afirma Varenkow. “El Gobierno español debe presionar al venezolano para que cumpla el convenio”, concluye.

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3 Comentarios

Sandra  17.mar.2017 | 13:03
#3

Y cual serian los"asuntos"que España se mete Pepeluis.No solo españa se mete la mayoria de los paises se mete ante tanta burrada del Señor Maduro.

Pepeluis  15.mar.2017 | 21:22
#2

Y digo yo, ¿no será que el gobierno venezolano esté haciendo eso porque el gobierno español no para de meterse en sus asuntos.

Fernando Iriarte Mol  14.mar.2017 | 23:43
#1

Muy de acuerdo con todo el historial tan bien explicado por Dña. Sofia Limes. Es mi caso y el de muchos que padecemos esta incertidumbre, injusticia y desesperanza. Nos estan aplicando una eutanasia entre los dos gobiernos.
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Una de las concentraciones convocadas en Vigo por los miembros de la Asociación gallega de afectados.

El presidente de la Unión de Emigrantes Retornados Canarios (UERCA), Cándido León Alfaya (de pie), con técnicos y afectados en la sede central.

Imagen de una protesta en Madrid de jubilados y pensionados de Venezuela afectados por los impagos.

Una asamblea informativa de la Asociación de Pensionados y Jubilados en Galicia (Asopejuveg).

Imagen de una protesta de afectados en Madrid.
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