“Nuestra obligación es facilitar su estancia en el exterior y dar oportunidades para su regreso”, subrayó la portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, Esther Peña, tras ser aprobada el martes 14 de febrero la proposición no de ley sobre el impulso de un programa de apoyo a jóvenes españoles emigrados con un texto pactado por la mayoría de los grupos.
En su intervención en la Comisión, señalaron desde el PSOE, la diputada por Burgos mostró la preocupación de los socialistas por lo que está pasando en el mercado laboral de la juventud en España. Repasó las cifras que hablan de un 46,6% de paro, “el segundo más alto de Europa”, lamentó, y un 90% de contratación temporal, trabajos de 3 o 4 horas “con sueldos irrisorios”, frustración en carreras profesionales sin salida, desesperación por no responder a las expectativas, “y las respuestas son tres: paro, precariedad o exilio”, denunció.
Muestra de esa preocupación, Peña repasó las diferentes iniciativas parlamentarias que ha presentado el Grupo Socialista: la proposición sobre la garantía juvenil, la subcomisión de análisis del empleo joven, la iniciativa sobre los derechos y oportunidades de los jóvenes que emigran al exterior, la defensa de los derechos de los españoles en Reino Unido afectados por el ‘Brexit’ o la propuesta para la eliminación del voto rogado “que animo a todos que apoyen”, aprovechó para reclamar.
La portavoz socialista, que advirtió que «la emigración juvenil está aumentando con la crisis y por la crisis», denunció que «el Gobierno ha recortado la cantidad de dinero destinada a atender a la ciudadanía española en el exterior, lo último los 7 millones que acaba de recortar en ayudas». Frente a ello, Peña defendió que el Grupo socialista pretende con su iniciativa dar voz a los jóvenes emigrados; visibilizar la emigración juvenil a través de un registro; restituir su cobertura sanitaria universal; facilitar la información y tramitación administrativa; y facilitar su estancia en el exterior y dar oportunidades para su camino de regreso.
Postura del PP y asistencia sanitaria
Desde el Partido Popular justificaron el voto en contra porque no coinciden en el planteamiento sobre la cobertura sanitaria. Sobre este punto la diputada Águeda Reynés Calvache señaló que la proposición no de ley “parte de un planteamiento erróneo”.
“Los españoles que trabajen en el extranjero o vayan a buscar trabajo o formación y regresen a España porque han finalizado sus contratos o su búsqueda no han perdido su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país”, afirmó.
Reynés Calvache explicó que los españoles que trabajan en un estado del Espacio Económico Europeo o en Suiza están cubiertos sanitariamente por el país de destino y en sus desplazamientos temporales a España vendrán con la tarjeta sanitaria europea emitida por la institución competente de dicho país. Mientras están buscando trabajo o formación o realizando estudios tienen cobertura sanitaria a cargo de España a través de la tarjeta sanitaria europea o el certificado provisional sustitutorio emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y finalizó recalcando que “cuando estos españoles retornan a nuestro país, desde el primer día que residen en España, tienen garantizado el acceso a la asistencia sanitaria, financiada con fondos públicos por el Sistema Nacional de Salud con independencia de su edad y aunque no inicien una actividad laboral de inmediato”.
Además, la diputada ‘popular’ indicó que la mayor parte de los jóvenes españoles que dejaron el país lo hicieron “al inicio de la crisis, precisamente cuando gobernaba el Partido Socialista Obrero Español en España”.
El PP presentó una enmienda al texto del PSOE que no fue aceptada por los socialistas. Reynés Calvache señaló que en la iniciativa ‘popular’ se instaba al Gobierno a continuar realizando acciones específicas para aquellas personas que residen fuera de España, así como para las que se plantean retornar a España desde el exterior, una actividad informativa a través de la Oficina española de retorno, la gestión de ayudas y prestaciones económicas, como las destinadas a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados, un programa de subvenciones para jóvenes que trata de dar respuesta a las necesidades detectadas en cuanto a la integración laboral y social de las personas jóvenes que están desplazándose a los diferentes países del mundo en busca de empleo, así como facilitar también su retorno a España y acuerdos de movilidad que permitan la movilidad laboral y profesional de jóvenes españoles y de jóvenes de otros países con un marco ágil y fiable garantizando su posterior retorno a su país.
La propuesta definitiva aprobada en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso insta al Gobierno a aprobar un Programa de Apoyo a jóvenes españoles emigrados que constará de un Plan de Actuación a la emigración juvenil con la implicación de los agentes sociales, asociaciones, oficinas consulares españolas, los Consejos de Residentes Españoles (CRE) y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).
Además, en este Programa se incluiría la constitución de una mesa de diálogo social juvenil para fomentar el empleo “enfocada al empleo de los jóvenes y a los movimientos migratorios emprendidos por ellos”. También la exigencia a la UE de un mayor presupuesto para combatir el desempleo juvenil y la recuperación de la inversión en I+D+i.
Asimismo, se propone elaborar en coordinación con las comunidades autónomas un paquete de medidas sociales, económicas, fiscales para fomentar el retorno voluntario. Se incluiría la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento personalizado y de acompañamiento a aquellas personas que buscan trabajo en el extranjero. Otra medida sería la creación de un Observatorio de jóvenes y emigración.
Esta ambiciosa propuesta incluye el diseño de un plan de atención a los ciudadanos españoles que buscan empleo o se han desplazado recientemente para trabajar en otros países que potenciará los canales de información útil para este colectivo; el mantenimiento de prestaciones y subsidios a los que se tuviera derecho en el momento de búsqueda de empleo activa en el exterior; que la atención a los emigrantes sea una prioridad política del Gobierno en sus relaciones con otros países a través de los ministerios de Asuntos Exterior y de Empleo y Seguridad Social; la difusión entre los españoles emigrados el conocimiento de las asociaciones de españoles existentes en los países en que se encuentran (CREE, CGCEE…); impulsar convenios de reciprocidad para la homologación de títulos, convalidaciones y favorecer la extensión de los servicios de la UNED; impulsar la administración electrónica y la eliminación del voto rogado.
Por último, en la propuesta definitiva se incluyó también la reclamación de “Restituir la cobertura sanitaria, la vuelta a la cobertura sanitaria universal, derogar las leyes de exclusión sanitaria y emitir tarjetas sanitarias y europeas en condiciones igualitarias”.
La iniciativa del PSOE, finalmente, recibió el apoyo mayoritario de todos los diputados. Solo los del PP votaron en contra.