Los directivos de varias entidades de la colectividad española han manifestado su preocupación por los muy fuertes incrementos en las tarifas de servicios básicos como luz, gas y agua aprobados por el Gobierno que preside Mauricio Macri.
El ‘tarifazo’, que en algunos casos ha representado un aumento en los servicios de más del 500 por ciento, ha supuesto no sólo una gran preocupación para la población argentina, sino también para los pequeños y medianos empresarios y para los responsables de asociaciones civiles sin fines de lucro, como los clubes de barrio y las entidades de las colectividades emigrantes.
Ante esta situación, la Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina (AJDERA), junto a la Federación Argentina de Colectividades (FAC), organizaron una reunión informativa con el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Alejandro Amor, con el objetivo de transmitirle sus inquietudes y solicitarle su intervención.
El objetivo del encuentro fue “poder compartir nuestras inquietudes sobre este tema, saber a quiénes afecta y a quiénes no, y hacer los reclamos correspondientes para que nuestros derechos como entidades de bien público sean respetados”.
El presidente de AJDERA, Santos Gastón Juan, confirmó a España Exterior que hay varias instituciones de la comunidad española que ya están recibiendo las boletas con importantes aumentos y que la situación preocupa también a la Federación Argentina de Colectividades ya que, además de los aumentos, muchos servicios pasaron a pagarse de manera mensual cuando antes era bimensual. Como ejemplo, mencionó que el servicio de luz de una entidad de la comunidad polaca pasó de 4.000 pesos a 23.000 mil (de 240 euros a 1.400).
Juan, quien es funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y fue uno de los artífices de la reunión con Amor, también preside la Sociedade Galega de Arantei, Vilamarín e A Peroxa de Buenos Aires, en donde ya recibieron la boleta de agua con un incremento cercano al 100 por cien y están a la espera de lo que sucederá con las de luz y gas, a lo que hay que sumar que al no haber hecho nunca el traspaso de titularidad de los servicios, están pagando como usuario residencial.
De no haber una respuesta a esta situación, muchas instituciones, en particular las más pequeñas y con menor cantidad de socios, tendrán serios problemas para hacer frente a los gastos que implica el “tarifazo” y su futuro estará en peligro.