Mientras los venezolanos protestan y se quejan en las colas a las puertas de los supermercados para comprar alimentos o se agolpan a las puertas de las farmacias por la falta de medicinas, los emigrantes españoles padecen la misma situación pero pocos se atreven a quejarse en voz alta. O cuando lo hacen, quedan mudos si les preguntamos su nombre y les pedimos que accedan a ser entrevistados.
Un empresario gallego que tiene su empresa semiparalizada por la falta de insumos para producir, lo explica así: “Es que si hablamos nos quitan lo poco que nos queda, nos expropian y en el mejor de los casos nos chantajean”.
Su socio acota: “Claro que hay miedo. Tome en cuenta que llegamos a este país huyendo de una posguerra y de una dictadura y ahora muchos tampoco pueden volverse a España”.
Un contertulio presente, que se niega rotundamente a identificarse, alega: “Y hay vergüenza. Este país nos dio todo, trabajo, libertad, clima, educación para nuestros hijos… y avergüenza que sepan en España lo que ahora se está pasando aquí…”.
Al consejero de Empleo y Seguridad Social de España en Venezuela le preguntamos directamente, ¿los españoles que vivimos en Venezuela estamos pasando hambre?
Y Juan Santana Reyes, respira profundo y puntualiza: “De los 400.000 españoles residentes aquí hay españoles que son ricos, españoles que tienen recursos y españoles que tienen recursos más que suficientes. Estos no necesitan la atención directa de la Administración General del Estado español. En la Consejería de Empleo nos ocupamos de atender a quienes se encuentran en situación grave de necesidad, como los ancianos, discapacitados o que carecen totalmente de recursos.”
Y continúa: “Nosotros como autoridades no sentimos el hambre porque estamos en otro espacio, hay que ser honestos. Pero sí percibimos la queja de algunas personas que están pasando necesidad. Y yo como consejero puedo decir que las personas de mayor vulnerabilidad, los 5.643 que son los que atiende la Fundación España Salud, sí se quejan de que no consiguen los medicamentos y eso es algo que yo no puedo obviar. Hay gente que llega aquí y dice que la pensión que recibe no le llega para comer porque ya no tiene edad para trabajar. Y nosotros sí percibimos eso.”
Cuando sostenemos esta conversación, ya se ha anunciado el regreso del embajador de España en Venezuela, Antonio Pérez-Hernández, que hace mes y medio aproximadamente fue llamado a consulta a España, dados los insultos que el presidente venezolano profirió contra el Gobierno español. Pero ante la gravedad de la situación venezolana se decidió su regreso, dado que es la autoridad que representa a los emigrantes españoles.
La realidad
La escasez de alimentos es general y una de las opciones para adquirir los productos de primera necesidad -pan, pasta, arroz, harinas, leche maternizada, pañales- es hacer largas colas durante horas a las puertas de los locales donde el gobierno coloca los alimentos a precios populares.
La otra opción es comprar los alimentos en el mercado negro a precios exorbitantes. Y ese estraperlo se ha dado porque los llamados ‘bachaqueros’ acaparan los alimentos regulados y se dedican a venderlos en las aceras de las calles. A un jubilado que obtiene una pensión venezolana de 15.051 bolívares mensuales (unos 29,91 euros a cambio Dicom, que es el precio máximo fijado por el gobierno venezolano) le resulta imposible adquirir la cesta básica de alimentos que supera los 200.000 bolívares (unos 397,46 euros a cambio Dicom). Y esta es la situación de la mayoría de los emigrantes de primera generación que llegaron a Venezuela entre los años 1940 y 1960.
Pero la escasez de medicamentos es generalizada. En el país no se consiguen ni siquiera antibióticos. Para las enfermedades crónicas no llegan completos los tratamientos como las quimioterapias; los anticonvulsivos o los retrovirales.
Kalia Ayala Quiñones, esposa del consejero de Empleo relata su experiencia dentro de una red de solidaridad para el intercambio de medicinas.
“Se trata de un grupo de whatsapp que ha ido ampliándose por el incremento de las necesidades. A través de esta red hay personas que donan las medicinas que ya no van a usar o solicitan las que les hacen falta. Es el sistema más rápido a través del cual también informamos dónde se puede obtener un medicamento o quien lo posee y lo vende.” Con resignación concluye: “Y cuando no se consigue…pues no se consigue”.
El sistema público de salud venezolano está inoperante por la carencia de material quirúrgico e insumos médicos, y las clínicas privadas solo son accesibles a los pacientes asegurados. La emigración española utilizaba mayoritariamente los servicios de la aseguradora Sanitas, que incluso mantenía convenios solidarios con algunos centros y clubes. En el mes en curso aumentó sus tarifas y eliminó cualquier convenio anterior.
Ester, quien trabaja en la Hermandad Gallega de Venezuela, cuenta el caso de un familiar:”Su cuota mensual del seguro ascendió a 21.260,75 bolívares, por él y sus dos hijos, más 52.964,83 bolívares por su madre de 80 años”. Un total de 74.225,58 bolívares mensuales, y se pregunta, “¿quién gana ese sueldo en Venezuela?”.
El Gobierno de Canarias, a través de su delegación en Venezuela, entrega medicamentos a los isleños de bajos recursos que acuden a sus oficinas a solicitarlos, o los dirigen a la Federación de Entidades Canarias de Venezuela (Fedecanarias), donde se coordina la entrega de medicinas a los coterráneos en situación de precariedad.
Josefina Benítez, canaria, que se desempeña como secretaria de la directiva de la Fundación España Salud (FES), dice que la escasez es la misma que hay en el país tanto en las asociaciones como en la Federación. Hay convenios con las grandes distribuidoras de medicamentos, pero cuando no se consiguen no se consiguen para nadie.
Cabe advertir que España no puede importar medicinas por cuanto las autoridades venezolanas han prohibido la ayuda humanitaria.
A través de la FES se cumple una honrosa labor para la asistencia socio sanitaria de aquellos emigrantes mayores de 65 años vulnerables, sin pensión española ni venezolana, pero que reciben ayuda económica a través de la Consejería de Empleo. Sin embargo, actualmente padecen la misma vulnerabilidad los emigrantes españoles jubilados que reciben la pensión del Instituto de Seguro Social Venezolano (IVSS), después de trabajar y cotizar por más de 40 años.
Ana María Quintela, de padres madrileños, psicóloga de relevante carrera profesional en una conocida institución financiera, al jubilarse quedó viuda y perdió su seguro médico. No tiene pensión venezolana porque su cambio de estatus civil ha originado un papeleo administrativo que no ha podido resolver. Cuenta que hasta ayer vivía de sus ahorros. “Me encuentro muy asustada con la altísima inflación que nos agobia, tanto es así que ya no tengo seguro de vida, hospitalización y cirugía ni de vehículo pues me es imposible cancelar las primas. Ni que decir del presupuesto antes estipulado para recreación, ropa y calzado, vacaciones. Como la mayoría actualmente estoy centrada en productos alimenticios y medicinas”.
Explica que su padre, emigrante de primera generación, fallecido recientemente, sí tuvo apoyo español pues percibía una pensión que le permitió vivir con cierta dignidad hasta su muerte. Es ella la que actualmente, dados sus múltiples achaques físicos, requeriría de ayuda institucional. Pero se le niega porque no cumple los baremos de la ayuda española.
Las pensiones venezolanas no llegan al extranjero
A los emigrantes retornados a España la situación tampoco se les presenta fácil. Después de años trabajando en Venezuela decidieron vivir su jubilación en sus comunidades de origen con su pensión venezolana. La queja es que esas pensiones dejaron de llegarles, colocándolos en serias dificultades económicas.
El consejero de Empleo alega que se trata de un retraso de tres meses o de aquellos emigrantes retornados recientemente a quienes todavía no se les ha regulado el envío.
Logramos comunicarnos con algunos de estos afectados a través del chat de un grupo de Facebook de retornados con pensión del IVSS. “Te hablo si no me identificas. Es que ahora estamos más ‘salaos’ (peor) que antes. En España la vida es muy cara y solo contamos con la pensión que nos corresponde por haber trabajado toda la vida en Venezuela. Creímos que sería como los españoles que reciben sin ningún problema su pensión de la seguridad social. Y nosotros, de repente, dejamos de recibir nuestro único sostén económico. Es desesperante”.
Para colmo de males, sus hijos con estudios universitarios venezolanos, tampoco encuentran trabajo en España. “A Alemania vamos a tener que emigrar, ahora, a los 70 años, como en la década de los 60”. La amargura de sus palabras traspasa el chat de la red social.
Cuando entrevistamos a la cónsul general de España en Venezuela, Celsa Nuño García, nos refería que la situación de inseguridad, carestía y escasez que sufren los emigrantes españoles es la misma que se está padeciendo en el país. “No es una situación particular en la cual España pueda intervenir”.
Coincide Félix Barbero, presidente de la Federación de Centros españoles de Venezuela (Feceve) al decir que “la situación de nuestro colectivo español la vemos al orden del día como la de cualquier ciudadano venezolano”. Pero alega que “vivimos una creciente inseguridad, una inflación de las más altas del mundo que afecta a nuestros bolsillos, escasez para conseguir lo del día a día, principalmente alimentos y medicinas, y, lo más preocupante, que el esfuerzo y sacrificio que hicimos para especializar en una profesión a nuestros hijos para que tengan un buen futuro, se ve truncado por esta situación adversa al no tener oportunidades de trabajo que les ayuden a desarrollarse una vida normal. Están emigrando de Venezuela desesperadamente y es lamentable que nuestro país, España, no pueda por lo menos brindarles esa oportunidad”.