La Subcomisión de Nacionalidad del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) elaborará una propuesta para que las discriminaciones en el acceso a la nacionalidad se solucionen otorgando la ciudadanía por carta de naturaleza.
Esta fue la principal conclusión de la reunión que esta Subcomisión, creada dentro de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE, celebró el pasado 20 de abril en Madrid. La Subcomisión está compuesta por 4 consejeros (Ángel Capellán, coordinador; Eduardo Dizy, presidente del Consejo; Francisco Ruiz, expresidente del Consejo; y Carmen Pérez, consejera por Perú), y dos expertos (Luis Lamiel, consejero general durante cinco mandatos, y la profesora Aurelia Álvarez de la Universidad de León).
La reunión se centró en cómo se podría aplicar la adquisición de la nacionalidad española por carta de naturaleza a las necesidades de los españoles en el exterior. La profesora Álvarez hizo una extensa exposición del tema y los miembros de la Subcomisión coincidieron en que había posibilidades de solicitar la aplicación de esta opción (potestad discrecional del Gobierno) basándose en las privaciones y discriminaciones que las diversas normativas sobre nacionalidad recientes (1996, 2002, 2007) habían impuesto a diversos colectivos de españoles en el exterior.
Por ello, la Subcomisión decidió redactar un acuerdo a este respecto para ser sometido posteriormente a la Comisión Delegada y al Pleno de septiembre.
La Subcomisión estableció también que su existencia y su labor terminarán con motivo del Pleno del próximo mes de septiembre en el que también terminará la labor de la Comisión Delegada que propuso su creación. Se decidió que antes del Pleno haría un balance de su trabajo y una serie de recomendaciones , entre otras su renovación y continuación.
Antes de la reunión de la Subcomisión tuvo lugar, también en Madrid, las dos jornadas de trabajo, los días 18 y 19 de abril, de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del CGCEE.
En esta ocasión la mayor parte de las propuestas que se presentaron fueron relativas al acceso a la nacionalidad y fueron trasladadas a la Subcomisión de Nacionalidad.
Una de las propuestas en materia de nacionalidad que sí se trató en la reunión de la Comisión de Derechos Civiles y Participación fue la presentada por el consejero y presidente de dicha Comisión, Ángel Capellán, en la que se pedía que se debatiera cómo impulsar el Acuerdo que ya aprobó el Pleno de octubre, titulado ‘Nueva Modificación del Código Civil en Materia de Nacionalidad’. Este acuerdo definía y proponía cambios puntuales en materia de nacionalidad que se consideraba podrían ser aceptados por el Parlamento sin entrar a discutir una Ley de Nacionalidad.
Sobre este punto la Comisión redactó un acuerdo fundamentalmente pidiendo que cualquier proposición legislativa sobre nacionalidad que se presentara al Parlamento tuviera en consideración este Acuerdo y que se llevaran a cabo las consultas que siempre se han pedido con los representantes de nuestro colectivo de emigrantes.
Al margen de los temas relativos a la nacionalidad, la Comisión debatió una propuesta por la que se pedía que la duración de los plenos del CGCEE pasase de dos a tres días. De modo especial se había pedido el tratamiento por esta comisión delegada ya que ella había sufrido la falta de tiempo en la presentación de sus acuerdos ante el pleno lo que ocasionó con frecuencia un tratamiento apresurado y seriamente inadecuado de los mismos.
Se presentaban igualmente otros motivos para un pleno de tres días.
Aceptando los razonamientos de la propuesta, se pidió la redacción de un acuerdo y el que se presentó fue considerado excesivamente escueto y poco clarificador por lo que la Comisión decidió que se presentara otra redacción posterior que se sometería a consideración y votación de los miembros por correo electrónico para su posterior presentación al Pleno de finales de septiembre.
Se había dejado para el segundo día de trabajo el tratamiento de las dos propuestas sobre la Regeneración del Consejo General presentadas por el consejero Capellán. Se inició su tratamiento con amplios comentarios y diversas opiniones, a menudo contrapuestas, de los consejeros.
Fueron varios los consejeros que expresaron su opinión de que este no era trabajo de las comisiones delegadas, sino de la Comisión Permanente por lo que se decidió trasladarle estas dos propuestas.
Sobre el voto
Finalmente, en la sesión de ruegos y preguntas, el presidente de la Comisión expresó la necesidad de que esta Comisión debía pronunciarse con fuerza sobre el tema del voto rogado y otros temas de la Ley Electoral. Se decidió tratar este tema hasta donde fuera necesario. Todos estuvieron de acuerdo en que el voto rogado debía ser derogado de inmediato.
Con todo, aunque también se inclinó la Comisión porque se volviera al envío de oficio d de la documentación electoral, la opinión más enérgica y favorecida era que se imponía con urgencia la implantación del voto electrónico.
También se expresó la necesidad de que hubiera un número reducido de mesas electorales por consulado establecidas tal como se hace dentro del territorio nacional. Igualmente se renovó la petición de la restauración del voto en las elecciones municipales, y que debían buscarse consultas con el Congreso de los Diputados para que las opiniones y peticiones del Consejo General se tomen en consideración.
Se redactó un acuerdo sobre todos los temas electorales que se aprobó como borrador.