El PP se opuso en el Pleno del Congreso a la moción de la portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, por la que se pedía que la Agencia Tributaria devolviese de oficio las sanciones cobradas a los pensionsitas retornados; que quienes no declararon las pensiones del extranjero no tuvieron que hacerlo desde 2008 sino desde 2013 y que se paralizasen los expedientes abiertos..
El diputado del PP, Celso Delgado, fue el encargado de argumentar el voto en contra del PP a la moción del BNG. La votación tendrá lugar mañana jueves aunque en el debate ya ficaron claras las posturas.
Delgado subrayó que el Gobierno ha atendido las demandas del colectivo de emigrantes retornados mediante el proyecto de ley de reforma de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre de modificación de la ley de IRPF, que se está tramitando en la actualidad y que habilita un mecanismo de regularización extraordinaria por parte de los contribuyentes afectados con un plazo improrrogable de seis meses, establece la condonación de los intereses de demora, recargos y sanciones derivados de la regularización -lo que en términos económicos, según la Agencia Tributaria, significa la devolución de unos 20 millones de euros-, y ofrece la posibilidad del fraccionamiento y aplazamiento de los pagos para que no resulten gravosos para este colectivo.
Según el diputado del ‘popular’ “hoy es día de celebrar la solución al problema de este colectivo, todo lo hecho muestra la sensibilidad social del Gobierno y cómo ha sabido reaccionar, todo lo contrario a una postura de enrocamiento”.
En su intervención ante el pleno, Davila explicó que la moción presentada por los nacionalistas gallegos, que es consecuencia de la interpelación dirigida la semana pasada a Montoro, consta de cuatro puntos. «Puntos que recogen las demandas de los colectivos de emigrantes retornados jubilados».
Justo ayer, remarcó la diputada del BNG, «una parte de este colectivo de jubilados entregaron en una delegación de la Agencia Tributaria sus reclamacións», coincidentes con las propuestas que el BNG llevó al Pleno de la Cámara.
Paralización de expedientes
Davila enfatizó que es una injusticia exigir una tributación retroactiva a los emigrantes retornados con pensiones extranjeras cuando en su opinión quedó demostrado que «desconocían que tenían que tributar por ellas». La parlamentaria nacionalista contradijo a Montoro cuando la pasada semana afirmó que ya no se enviaban expedientes sancionadores, «cuando ese mismo día recibimos llamadas de emigrantes retornados diciéndonos que acababan de recibir multas. Por lo tanto, no se puso fin a la tramitación de los expedientes sancionadores». Por este motivo, Davila demandó en el pleno la «paralización definitiva de los expedientes».
En lo que respecta a los procedimientos en curso, el diputado Celso Delgado aclaró que están todos ellos paralizados por la Agencia Tributaria y recomendó que los contribuyentes afectados se dirijan a las oficinas de la Agencia Tributaria para que les asistan e informen sobre el modo de solventar las circunstancias concretas que concurran.
Ambigüedad normativa e irretroactividad
La diputada del Bloque explicó otro de los puntos recogidos en la moción presentada: una modificación legislativa debido a la ambigüedad normativa existente relacionada con los convenios de doble imposición y las sentencias judiciales que ha habido sobre su aplicación. «Pedimos la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre», dijo.
Fernández Davila criticó que se les exija a los emigrantes retornados la tributación retroactiva desde el año 2008 porque «es una gran injusticia» dado que no declararon estos ingresos por desconocimiento, puesto que la legislación no está clara.
En este punto, el diputado del PP insistió en que la irretroactividad que se pide desde la oposición no es posible, ya que el sometimiento a tributación de las pensiones nacionales, eximiendo de gravamen las pensiones extranjeras, “representaría un privilegio que atentaría contra los principios constitucionales de igualdad y generalidad”.
Por último, Davila reclamó que se facilite de oficio la devolución de las sanciones e intereses de demora a los afectados para evitar problemas a un colectivo de personas mayores, que tendrían que incurrir en gastos de tramitación en asesorías o gestorías. «Hacienda tiene los datos de domicilio fiscal y de cuentas de las personas que pagaron», señaló.
A la moción del BNG se presentaron enmiendas por parte de UPyD y por parte del Grupo Socialista. Davila descartó la enmienda de UPyD porque eliminaba los cuatro puntos de la moción del BNG y se limitaba a pedir la devolución de los intereses y de las sanciones. Por otra parte, Davila aceptó transaccionar un texto final con el Grupo Socialista al incluir dos puntos nuevos que completaban la iniciativa.