Representantes de los pensionistas retornados gallegos exigen que sólo se tribute desde el ejercicio de 2013

Lo justifican en que es la primera vez que se advierte de ello en la documentación de Hacienda

Xosé Lois Leirós (1º por la izquierda) y otros representantes de las asociaciones de emigrantes retornados gallegos.

Tras su reunión con la conselleira de Facenda de la Xunta, Elena Muñoz, del pasado 5 de agosto el representante de la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados, Xosé Lois Leirós, reconoció que la retirada de las sanciones aprobada el día 1 por el Gobierno de España constituye un avance, pero señaló que los afectados seguirán con su lucha en la calle contra el pago retroactivo. “Nosotros tendremos que pagar desde el momento en que tenemos conocimiento de que hay que hacerlo y eso es desde este año, el primero en el que se incluye un apercibimento en los borradores”, explicó Leirós.
Elena Muñoz, por su parte, aseguró que los afectados están en su derecho de proponer lo que estimen oportuno, pero recordó que se trata de nuevos planteamientos. La conselleira se comprometió a mediar ante el Ministerio de Hacienda en otras de las demandas que son competencia del Ejecutivo central, como la revisión de todos los convenios bilaterales y la modificación de la ley 35/2006 para que las pensiones de los retornados tributen igual que las del resto de los gallegos que no emigraron al extranjero.
Los emigrantes retornados, que solicitaron a la titular de Facenda que intentara lograr una entrevista con el ministro Cristóbal Montoro, incluso llegaron a tachar de “maniobra política” la condonación de las sanciones o los intereses de la Agencia Tributaria, ante la proximidad de las elecciones municipales, según afirmaron desde la Asociación de Pensionistas Retornados de O Morrazo, que lamentaron el “daño moral” y “económico” que ya está hecho y las “secuelas que no se pueden recuperar”.
Los retornados, además, pidieron detalles a Facenda de cómo se abordará el proceso de regularización, pero la Xunta desconocía en ese momento la letra pequeña del documento del Ejecutivo central para ofrecer información y asesoramiento a los afectados.
Cabe recordar que el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 1 de agosto habilitaba un plazo de seis meses -desde enero a junio de 2015- a los jubilados con pensiones del extranjero para regularizarlas sin sanción.
“Hablaremos con la Agencia Tributaria para coordinar cómo va a ser ese procedimiento y hacerlo lo más sencillo posible”, explicó Elena Muñoz. Los emigrantes le pidieron que solicite a la Agencia Tributaria que “informe” a todos los afectados y “que se indique quién está obligado a incluir las pensiones en la declaración”, información de la situación de quienes tienen pensiones por incapacidad y que se aclare cómo se va a realizar la devolución.
Pese a todo, los representantes de este colectivo reclaman que se cambie la ley para que las pensiones de los retornados “tributen igual que las del resto de los gallegos” ya que se siguen sintiendo tratados “de forma discriminatoria”. “Nuestras pensiones siguen estando sometidas a mayor presión fiscal que la del resto de los ciudadanos”, denuncia la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados. Los pensionistas con un pagador tributan a partir de los 22.000 euros, y ellos, con dos, deben hacerlo al superar los 11.200.
Y pidieron al Gobierno gallego que elabore un informe para remitir a Montoro que “ponga de manifiesto cómo por idénticas cantidades tributan más que otros pensionistas”. En este punto, Elena Muñoz considera que lo que “hay que analizar” es que lo que se paga “es exactamente lo mismo para una renta percibida, sea de uno o de dos pagadores”.