Blanco denuncia ante la CE la discriminación fiscal hacia los retornados gallegos

La Coordinadora también confía en que la UE reconozca que son víctimas de una discriminación

El eurodiputado socialista José Blanco denunció a la Comisión Europea (CE) lo que considera que es una discriminación fiscal que sufren colectivos de emigrantes retornados a Galicia después de haber trabajado en otros países de la Unión Europea (UE), y pidió iniciativas para atajar la situación.

A través de una pregunta parlamentaria presentada el pasado 12 de julio, el eurodiputado gallego expuso que esos trabajadores retornados de otros países «se están encontrando con dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias como consecuencia de la ausencia de medidas de armonización a escala europea».

Según Blanco, algunos de ellos incluso tienen que «enfrentarse a cuantiosas multas por parte de sus respectivas autoridades fiscales», a pesar de que han sido «emigrantes de otros Estados miembros de la UE y siendo beneficiarios de pensiones de jubilación o de otro tipo de prestaciones sociales de carácter económico desde esos países».

Para los afectados, dice Blanco, la situación se sufre como «actos de hostigamiento injusto, contrarios a los principios comunitarios y a las libertades fundamentales europeas».

Por todo ello, Blanco pidió a la CE que impulse alguna iniciativa «a fin de que no se produzca discriminación en el ámbito de la UE en el tratamiento fiscal de las prestaciones sociales».

Igualmente, reclamó el impulso de un «marco europeo para evitar la doble imposición a los emigrantes retornados y posibilitar el establecimiento y, en su caso, adaptación de Convenios entre los Estados miembros».

Por otro lado, en una pregunta parlamentaria paralela, Blanco mostró a la CE la «gran preocupación de la población gallega» a propósito del referéndum llevado a cabo en Suiza para limitar por cuotas la entrada de inmigrantes a la Confederación Helvética.

Según el eurodiputado, tal decisión «choca con el acuerdo bilateral Suiza-UE sobre libre circulación de trabajadores de la Unión, en vigor desde 2002, desde cuya entrada en vigor Suiza ha visto llegar a cerca de 600.000 trabajadores comunitarios».

Esperanzas de la Coordinadora

Por otra parte, la Coordinadora Galega de Emigrantes Retornados espera que la denuncia que formularon ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo determine que están siendo «víctimas de discriminación» porque deben realizar la declaración del IRPF a partir de 11.200 euros anuales cuando el resto de los pensionistas está obligado si pasa de los 22.000, además de que el tipo impositivo que se les aplica el superior.

El que hace unos días la Comisión Europea haya «avalado» al Estado español significa, según su portavoz Lois Leirós, que «no entra en el fondo de la cuestión». Confían en que sí lo haga la Comisión de Peticiones, donde la denuncia fue admitida a trámite aunque aún no hay fecha de resolución.