En el encuentro le transmitió las últimas novedades sobre las causas presentadas ante la justicia del país austral por la ‘pesificación’ de los haberes de los pensionistas asistenciales y le manifestó su compromiso de “seguir luchando hasta obtener un resultado favorable para todos ellos”.
En entrevista exclusiva con España Exterior, Semino explicó que la reunión que mantuvo con Camba tuvo como objetivo informarle sobre los últimos acontecimientos relativos a esta cuestión que afecta a casi 15.000 pensionistas asistenciales españoles y a más de 500 ‘niños de la guerra’ luego de conocerse la noticia, a finales de la semana pasada, de que dos jubilados italianos fueron beneficiados por sendos fallos de la justicia argentina, posteriormente apelados, mediante los cuales se ordenó el pago de sus pensiones en su moneda de origen.
“Con Camba coincidimos en la necesidad de continuar defendiendo los derechos de todos los pensionistas españoles, especialmente de los que perciben las no contributivas, porque estas pensiones son fundamentales para la subsistencia diaria de estas personas. Nuestro compromiso con la Consejería de Empleo y Seguridad Social de España es el de continuar la vía judicial hasta obtener un resultado favorable para todos ellos”, afirmó.
En ese sentido, resaltó la “preocupación” que le manifestó Camba “para tratar de dar una respuesta a esta situación que tanto a él como a mí nos parece totalmente insólita”, y añadió: “Todas las autoridades españolas, inclusive las que ya dejaron su función el año pasado y han sido reemplazadas, han estado y están muy pendientes de esta cuestión”.
Semino también comentó que se mantiene en permanente contacto con la presidenta del Consejo de Residentes Españoles, María Teresa Michelón Martínez, y con otros representantes de instituciones de la colectividad.
“La lucha que encabeza Michelón demuestra la profunda preocupación por una situación que se entiende muy poco y que afecta mucho la vida cotidiana de las personas perjudicadas, tanto en lo económico como en lo espiritual”, recalcó.
Actuaciones
Cabe recordar que luego de que entrara en vigor, en julio del año pasado, la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por la cual las autoridades bancarias están obligadas a pagar en pesos las pensiones de los ciudadanos extranjeros que residen en el país austral, la Defensoría del Pueblo presentó ante la justicia argentina numerosos recursos de amparo por entender que la ‘pesificación’ es una medida “confiscatoria”.
Así, los abogados de la Defensoría del Pueblo presentaron una actuación colectiva en representación de alrededor de cinco mil ciudadanos, la mayoría de ellos españoles e italianos, en diferentes juzgados en lo contencioso administrativo federal, que tiene la competencia relativa a todo lo que es el manejo económico financiero de las divisas en Argentina. Estos recursos de amparo fueron centrados en once casos testigos, cinco de ellos correspondientes a emigrantes españoles, con el objetivo de sentar jurisprudencia de obtenerse un fallo favorable en alguno de estos juzgados
“Estos casos representan a una pequeña parte de los casi 80 mil afectados. Cuando en la actuación administrativa se pidió la referencia normativa sobre la cual se había tomado la medida, el BCRA nos hizo llegar la circular 5318, que prohíbe el manejo de monedas extranjeras con el fundamento de evitar que salgan divisas del país, pero para nosotros la ‘pesificación’ es una verdadera locura porque está afectando intereses legítimos de ciudadanos extranjeros con beneficios bien habidos”, argumentó.
Pensiones de subsistencia
“No estamos hablando de gente que mueve divisas en términos de especulación –agregó-, sino de pensiones que en su mayoría son de carácter alimentario porque de ellas depende la subsistencia de los beneficiarios, además de que en muchos casos se cobran por trimestre debido a lo poco significativo del monto”, subrayó.
En la misma tónica, advirtió sobre “el terrible trauma que genera en los pensionistas esta situación; es un daño que no puede ser cuantificado sólo monetariamente, porque también afecta a la perdida de la confianza y la seguridad de estas personas ya que para muchas de ellas ese beneficio también está relacionado con procesos psíquicos al significar condiciones de arraigo con su tierra natal”.
Además, explicó la incongruencia que significa que las pensiones contributivas también se hayan ‘pesificado’ cuando esos aportes fueron realizados en la moneda del país de origen, y que al ser convertidas a la divisa local pierden gran parte de su valor: “Muchos de estos ciudadanos, cuando recibieron sus pensiones pesificadas, quisieron cambiarlas a su moneda de origen en la misma ventanilla del banco pero no se lo permitieron, por lo cual el Estado argentino los está obligando a recurrir al mercado negro, en el que la brecha con la cotización oficial supera el 50 por ciento, con la consecuente pérdida de dinero que esto significa”, aclaró.
Semino señaló que todas estas cuestiones fueron expuestas en las demandas judiciales, pero que durante el transcurso de estos procesos los jueces del fuero contencioso administrativo federal se fueron declarando incompetentes y remitieron la mayoría de estos expedientes a la justicia de la seguridad social, que en casi todos los casos rechazó esa competencia “argumentando, de manera lógica, que no eran beneficios correspondientes a la seguridad social argentina, sino de la del país de origen de los demandantes”.
De esta manera, la mayoría de los expedientes han retornado a la cámara en lo contencioso administrativo, con la consecuente demora que significan estos procesos. “Es un verdadero despropósito que hayan pasado ya seis meses para determinar la competencia de los diversos fueros de algo que es demasiado sencillo; cuando el derecho contradice en términos de su interpretación al sentido común es cuando está en riesgo la propia institución de la justicia argentina”, fustigó el Defensor del Pueblo porteño.
Importante antecedente
Por otra parte, resaltó el “importante antecedente” que significa para los pensionados que ya han iniciado acciones judiciales o piensan iniciarlas en el futuro la medida cautelar que benefició a un ciudadano italiano, según la resolución adoptada por el juez Alberto Ize, del juzgado número nueve del fuero federal de la seguridad social.
“Hay que tener en cuenta que estas medidas suelen ser apeladas por el BCRA y que para la justicia argentina cada caso en particular hace cosa juzgada para esa persona individualmente, pero el fallo del juez Ize puede formar parte de una jurisprudencia que va a ser difícil contrarrestar si está bien fundada”, recalcó.
Semino adelantó que a pesar de que aún no ha podido acceder a los considerandos emitidos por el juez Ize, ya que dicha medida cautelar todavía se encuentra en fiscalía, los trascendidos informales de último momento señalan que el magistrado “habla de una afectación confiscatoria a la propiedad privada, como lo es el beneficio de la pensión”.