Según aseguró en exclusiva para España Exterior el jefe de la Oficina de Asesoría de Asuntos Judiciales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Duilio Ferlat, del total de los once recursos de amparo individuales que fueron presentados en el fuero Contencioso Administrativo Federal, cinco corresponden a emigrantes españoles, quienes son patrocinados por los abogados de dicho organismo, que tiene como misión fundamental proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, sean o no argentinos, que residen en el país austral.   
“Las acciones judiciales fueron sorteadas entre diez juzgados diferentes, que ya han recepcionado los escritos. Ahora se están desarrollando los primeros pasos y por lo tanto aún no podemos adelantar información sobre la aceptación de la competencia y las medidas cautelares solicitadas en cada amparo, ya que primero deben ser trasladadas al Fiscal competente, pero estimamos que en pocos días tendremos novedades al respecto”, explicó.
Dado que el amparo colectivo no existe en el ordenamiento jurídico argentino, y que la Defensoría del Pueblo recibió más de 3.000 denuncias (de las cuáles cerca del 70 por ciento fueron presentadas por emigrantes españoles), la intención es que estos casos testigos, en caso de tener una sentencia favorable, sienten jurisprudencia para las demandas futuras que se puedan presentar en las cortes del país austral.
De todo el país
Pocos días antes, en una rueda de prensa en la que Ferlat estuvo acompañado por el defensor de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo, Eugenio Semino, la defensora del pueblo Alicia Pierini, y la presidenta del Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires, María Teresa Michelón Martínez, se habían adelantado las acciones que se llevarían adelante en representación de los emigrantes que se sienten perjudicados por la resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que los obliga a percibir sus pensiones en moneda local.
“Nos han llegado reclamaciones no sólo de Buenos Aires, sino también de otras ciudades como Mar del Plata y Santa Fe, lo que demuestra que hay preocupación en todo el país por esta cuestión”, recalcó Semino, y explicó que desde el pasado mes de julio los emigrantes que venían percibiendo sus pensiones en dólares se ven doblemente perjudicados al haberse ‘pesificado’ las mismas, ya que ahora son sujetas a una doble comisión por parte de las entidades financieras al ser convertidas de euros a dólares en primer término, y luego de dólares a pesos, por lo que finalmente reciben una remuneración total a un valor bastante menor que el de la moneda originaria, perdiendo casi un peso por euro debido al doble descuento de las comisiones bancarias.
Además, recordó que también se ven afectados colectivos como los de los ‘niños de la guerra’: “Muchos de estos beneficios están relacionados con hechos cruentos de la humanidad y provienen de situaciones que fueron muy dolorosas, cuando este resarcimiento simplemente lo que pretende es garantizar mínimamente una calidad de vida cuando uno ha llegado a una etapa en la que las carencias y necesidades se multiplican”, subrayó.
En esa tónica, criticó con dureza al Gobierno argentino al afirmar que “lo que no comprenden a veces quienes generan medidas que pueden ser teórica o ideológicamente armónicas y razonables para una planificación económica, es lo que éstas representan en cada una de las personas que se ven afectadas. Para muchas de ellas lo que se pierde es la tranquilidad, que a cierta edad es más difícil recuperarla que cuando se es joven, y así se terminan produciendo situaciones de angustia y afectando la vida cotidiana”.
En el mismo sentido, rechazó el argumento de que la resolución impulsada por el Gobierno argentino esté justificada por una cuestión de soberanía nacional, señalando que en cambio se trata de “un patrioterismo bastante superfluo y barato, porque la soberanía se defiende respetando el derecho de todos y la patria se defiende interpretando las necesidades de todos aquellos que la habitan”.
Por otra parte, apuntó a la incongruencia de la medida, ya que la resolución del BCRA tiene como objetivo principal evitar el egreso de divisas y no su ingreso: “Nos llama mucho la atención porque se está alterando el propio espíritu de la circular del Banco Central, y además no hemos descubierto ninguna otra normativa que de base a esta decisión, que es más que nada una instrucción a los bancos para modificar la operatoria de pago de las pensiones”.
Finalmente, y luego de aclarar que sólo se recurriría a un tribunal internacional una vez agotadas todas las instancias ante la justicia argentina, aseguró que si bien no puede garantizar un resultado positivo de las acciones judiciales que se van a presentar, cree que la norma “es atacable por sus características” al no ser ni una ley ni un decreto, “por lo que trabajaremos hasta ver cómo evoluciona la situación y cuáles son los criterios de la justicia al respecto”.