Durante su intervención, Ferlat calificó a la pesificación de las pensiones como “una clara vulneración” de derechos constitucionales que está afectando a una gran cantidad de ciudadanos extranjeros que residen en Argentina y que son reconocidos por sus países de origen.
“Apenas comenzamos a recibir las primeras denuncias, la doctora Pierini se interiorizó rápidamente en el tema e inmediatamente dio instrucciones a la Secretaría Legal y Técnica de la Defensoría del Pueblo para ver de qué manera podíamos plantear judicialmente una defensa”, afirmó.
Según explicó, al no aceptar la justicia argentina acciones de amparo colectivas, “lo que se hará es extractar algunos casos puntuales de los damnificados, quienes serán patrocinados por los abogados de la Defensoría del Pueblo para tratar de llegar al objetivo que perseguimos, que es que los emigrantes vuelvan a cobrar sus pensiones en la moneda de origen. No podemos adelantar resultados, esto es claro porque será la justicia la que decidirá, pero vamos a hacer el intento porque vale la pena hacerlo”.
Por último, y antes de iniciarse la ronda de consultas de los emigrantes presentes en la rueda de prensa, recalcó: “Las pensiones no contributivas tienen principalmente un carácter alimentario; la mayoría de las personas que las perciben viven de este dinero y no lo utilizan con fines de lucro o atesoramiento. No hay ninguna ley ni artículo de la constitución que avalen esta vulneración a los derechos de propiedad impulsada por una política económica del Estado argentino a través del Banco Central”.