El defensor de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, anunció que durante el transcurso de esta semana presentará ante la justicia federal argentina un recurso de amparo en representación de los emigrantes que se ven perjudicados por la ‘pesificación’ de sus jubilaciones y pensiones no contributivas.

Así lo anunció en una rueda de prensa celebrada el 7 de agosto en la que estuvo acompañado por la defensora del pueblo Alicia Pierini y el abogado Duilio Ferlat, jefe de la Oficina de Asesoría de Asuntos Judiciales del ente que tiene como misión fundamental proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, sean o no argentinos, que residen en el país austral.Según explicó Semino, la Defensoría del Pueblo presentará esta semana una acción judicial en el fuero federal argentino en representación de las más de tres mil denuncias efectuadas por ciudadanos de distintas nacionalidades que se sienten perjudicados por la resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que los obliga a percibir sus pensiones en moneda local.Siguiendo esa línea, aclaró que del total de denuncias recibidas cerca del 70 por ciento han sido presentadas por ciudadanos españoles gracias a la campaña de concienciación que está realizando el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, que estuvo representado en la rueda de prensa por su presidenta, María Teresa Michelón Martínez. “Nos han llegado reclamaciones no sólo de Buenos Aires, sino también de otras ciudades como Mar del Playa y Santa Fe, lo que demuestra que hay preocupación en todo el país por esta cuestión”, advirtió.Doblemente perjudicadosSemino recalcó que a partir de julio los emigrantes que venían percibiendo sus pensiones en dólares se vieron doblemente perjudicados al haberse ‘pesificado’ las mismas, ya que ahora son sujetas a una doble comisión por parte de las entidades financieras al ser convertidas de euros a dólares en primer término, y luego de dólares a pesos, por lo que finalmente reciben una remuneración final a un valor bastante menor que el de la moneda originaria, perdiendo casi un peso por euro debido al doble descuento de las comisiones bancarias.Además, recordó que también se ven afectados colectivos como los de los ‘niños de la guerra’: “Muchos de estos beneficios están relacionados con hechos cruentos de la humanidad y provienen de situaciones que fueron muy dolorosas, cuando este resarcimiento simplemente lo que pretende es garantizar mínimamente una calidad de vida cuando uno ha llegado a una etapa en la que las carencias y necesidades se multiplican”, subrayó.Duras críticasEn esa tónica, criticó con dureza al Gobierno argentino al afirmar que “lo que no comprenden a veces quienes generan medidas que pueden ser teórica o ideológicamente armónicas y razonables para una planificación económica, es lo que éstas representan en cada una de las personas que se ven afectadas. Para muchas de ellas lo que se pierde es la tranquilidad, que a cierta edad es más difícil recuperarla que cuando se es joven, y así se terminan produciendo situaciones de angustia y afectando la vida cotidiana”.En el mismo sentido, rechazó el argumento de que la resolución impulsada por el Gobierno argentino esté justificada por una cuestión de soberanía nacional, señalando que en cambio se trata de “un patrioterismo bastante superfluo y barato, porque la soberanía se defiende respetando el derecho de todos y la patria se defiende interpretando las necesidades de todos aquellos que la habitan”.Por otra parte, apuntó a la incongruencia de la medida, ya que la resolución del BCRA tiene como objetivo principal evitar el egreso de divisas y no su ingreso: “Nos llama mucho la atención porque se está alterando el propio espíritu de la circular del Banco Central, y además no hemos descubierto ninguna otra normativa que dé base a esta decisión, que es más que nada una instrucción a los bancos para modificar la operatoria de pago de las pensiones”.Finalmente, y luego de aclarar que sólo se recurriría a un tribunal internacional una vez agotadas todas las instancias ante la justicia argentina, aseguró que si bien no puede garantizar un resultado positivo de las acciones judiciales que se van a presentar, cree que la norma “es atacable por sus características” al no ser ni una ley ni un decreto, “por lo que trabajaremos hasta ver cómo evoluciona la situación y cuáles son los criterios de la justicia al respecto”.