El PP critica al Gobierno por disminuir en un 25,4% desde 2007 la partida destinada a las prestaciones por razón de necesidad de los emigrantes

Califica de desvergüenza que el Ejecutivo Zapatero justifique el descenso del número de beneficiarios aludiendo a que han mejorado su nivel de vida

La diputada del PP, Belén do Campo.

El Partido Popular asegura que el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha disminuido drásticamente el número de emigrantes que reciben prestaciones por razón de necesidad, que ha pasado de los casi 52.000 perceptores en el año 2007 hasta los 38.850 registrados en 2010.

Los ‘populares’ denuncian que la congelación de los índices de cálculo de la pensión ha traído consigo que haya menos beneficiarios y una rebaja en el poder adquisitivo de los que la reciben.

El Gobierno niega que haya recortado el dinero destinado a nuestros emigrantes y asegura que esta partida se ha mantenido en todos los ejercicios, pero lo cierto es que la cuantía presupuestada en 2011 para atender estas ayudas ha pasado de 100 millones de euros a 88.

Belén do Campo entiende que “esta disminución supone que muchos mayores de 65 años no podrán acogerse a la prestación por razón de necesidad, que sirve para garantizar un mínimo de subsistencia para aquellos que carecen de recursos y viven en países donde los sistemas público de protección social no cubren las necesidades básicas”.

Los ‘populares’ ven esencial que se mantengan las prestaciones por razón de necesidad para los emigrantes, ya que con un complemento de los ingresos de los beneficiarios que se establece hasta alcanzar el límite máximo establecido para cada país. Su cuantía, por tanto, es la diferencia entre ese límite y los ingresos del beneficiario, o de la unidad familiar.

Para el PP el Gobierno intenta desviar la atención de su responsabilidad y  por eso en su respuesta a la diputada Belén do Campo señala que la disminución del número de beneficiarios no está motivada por la bajada de la cuantía presupuestada para atender la prestación, sino que hay que buscarla “en la mejora de las condiciones de vida de sus posibles beneficiarios, pues esta prestación es un complemento de los ingresos hasta alcanzar el límite máximo establecido para cada país, de forma que si las condiciones económicas de la familia o del país mejoran, se hará menos necesaria esta prestación”.

Belén Do Campo ha criticado duramente al Gobierno por esta respuesta, que califica de “impresentable” y considera “una desvergüenza”, ya que, en su opinión, “lo único que pretende es avalar lo que no es más que un recorte de las ayudas al exterior, ya que no se están revisando los índices de cálculo para otorgar las prestaciones y esto –insiste- supone de facto una depreciación del poder adquisitivo de los beneficiarios que siguen siendo perceptores”.

El Gobierno afirma, además, no tener constancia de las alegaciones de desamparo que se han producido entre el colectivo de españoles emigrantes mayores de 65 años, muchos de los cuales se han dirigido a  los Gobiernos de las Comunidades Autónomas solicitando ayudas asistenciales. “Y mientras esto sucede, el Gobierno va haciendo declaraciones a la sociedad española de que nuestros ciudadanos en el exterior reciben prestaciones que les garantizan una vida digna”, lamenta Do Campo.

La diputada popular se refirió concretamente a unas manifestaciones realizadas por la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Ana Terrón, y la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin, que  afirmaron que se iba a mantener el nivel de las prestaciones, que ningún mayor de 65 años se quedaría sin su pensión, que la política social para los que residen fuera estaba blindada y que todos los españoles residentes en el exterior necesitados de una prestación para poder llevar una vida digna y un poder adquisitivo que se lo garantice la iban a tener.

Según el Gobierno, como consecuencia de la mejora de las condiciones de vida de los países de residencia de sus perceptores, el número de beneficiarios de prestaciones por razón de necesidad en 2009 descendió de los casi 52.000 existentes en 2007 hasta los 44.942 y a poco más de 38.000 beneficiarios por ancianidad en 2010 y 910 por incapacidad

Pierden también la asistencia sanitaria

A raíz de la respuesta ofrecida, Belén do Campo, y más allá de la disminución natural del número de pensionistas, va a preguntar al Gobierno en qué países concretamente ha mejorado tanto el nivel de vida como para que los mayores emigrantes españoles ya no se vean necesitados de ser receptores de las prestaciones por razón de necesidad, en qué países se ha producido la disminución de beneficiarios, cuánto menos reciben los que aún la perciben, y si es consciente el Ejecutivo de Zapatero de que con la pérdida de esta prestación nuestros emigrantes pierden, asimismo, la posibilidad de contar con una asistencia sanitaria.