La diputada Belén do Campo pide al Gobierno central que explique por qué razón los ocho trabajadores sociales contratados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración para atender a los emigrantes españoles en la Consejería de Trabajo de Caracas no se incorporaron a dicha oficina aún cuando fueron contratados en septiembre. Además, también pide explicaciones sobre los problemas que tuvieron a la hora de tramitar los visados y por qué la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior, Pilar Pin, no atendió sus peticiones para lograr una solución ya que estas ocho personas se encontraron durante varios meses sin poder trabajar ni recibir prestación por desempleo –puesto que tenían un contrato firmado con el Ministerio que se lo impedía- y tuvieron que pagar de su bolsillo algunos de los trámites que les exigían para poder viajar a Venezuela.