Cansados de esperar por el pago de la expropiación de sus tierras, e indignados porque ni el gobierno venezolano ni el Gobierno español les dan una respuesta, los hermanos Carlos y Luis Solórzano Samblas decidieron ayer apostarse a las puertas del Consulado de España en Venezuela e iniciar una huelga de hambre.
El Cónsul Aníbal Jiménez Abascal, acompañado de su equipo de trabajo, ayer mismo tomó la iniciativa de bajar a conversar con los afectados, a quienes manifestó que la resolución de su caso no le corresponde al gobierno español. Cuando quisimos entrevistarle, el Cónsul nos dijo, como en anteriores oportunidades, que se trata de una situación muy delicada.
La familia Solórzano Samblas fue obligada en el año 2005 a desprenderse del hato La Vaca, finca agropecuaria que el padre adquirió legalmente en 1965. En el 2008, el gobierno venezolano subvaloró la propiedad en 10 millones de bolívares, pero tampoco les ha cancelado el monto de la expropiación.
Los Solórzano son un caso emblemático de las más de 100 familias, de nacionalidad española, que se han visto despojadas de sus tierras durante el actual gobierno de Venezuela. José Solórzano Calderón, de 84 años, padre de nueve hijos, adquirió el Hato La Vaca, situado en el estado Guárico, en el año 1965. La legalidad de sus documentos de propiedad queda avalada desde el mismo momento que el Estado venezolano acepta en el año 2008 que debe cancelarles la expropiación. Sin embargo, todas las gestiones han resultado infructuosas.
Durante la visita al país del canciller Miguel Angel Moratinos, en julio del año pasado, la familia le expuso su dramático caso: sus tierras fueron invadidas y ellos amenazados de muerte. La promesa de que todos los casos serían atendidos a través de una comisión mixta, con representantes de los dos gobiernos, no dio resultados. Una vez concluidas -finales de 2009- las reuniones entre la Embajada de Venezuela y la cancillería venezolana, en la sede del Instituto Nacional de Tierras (INTI), los ciudadanos españoles se encontraron con todas las puertas cerradas. Aún así, a nueve familias, entre ellas los Solórzano, se les ratificó que serían indemnizados.
Desde esa fecha, ninguno de los afectados ha recibido ninguna explicación. Las autoridades españolas reiteran que la resolución está en manos del gobierno venezolano y éste no se ha pronunciado.
Es oportuno recordar que en Venezuela falleció el pasado mes, el ciudadano Franklin Brito, después de una penosa y larga huelga de hambre, reclamando la expropiación de su propiedad. A los pocos días, un ciudadano portugués inició también una huelga de hambre, impotente al ver que perdería sus tierras; pero este caso pudo resolverse por la oportuna intervención de las autoridades del gobierno de Portugal.