Cerca de 2.000 españoles se manifiestan en Buenos Aires contra la restricción del voto a los emigrantes

Los directivos de las instituciones más importantes entregaron un escrito en la Embajada en defensa de sus derechos

Cabecera de la manifestación celebrada en Buenos Aires.

Poco después de las tres de la tarde, la numerosa concurrencia que se reunió frente al Monumento de los Españoles comenzó a marchar por la Avenida del Libertador en dirección a la Embajada. El acto fue una cabal muestra de civismo en el que la colectividad demostró pacíficamente que no está dispuesta a dejar que pisoteen los derechos que le otorga la Constitución Española y el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior.
Portando banderas de España y Galicia, pancartas y remeras con inscripciones en las que expresaban su malestar, los manifestantes, encabezados por dirigentes de casi todas las instituciones de la colectividad, realizaron el recorrido cantando consignas y canciones tradicionales, bajo la atenta mirada de la Policía Federal, que veló por la seguridad de los manifestantes cortando el tránsito en las intersecciones de la Avenida del Libertador para evitar accidentes; también se observaba una ambulancia de la Fundación Galicia Salud, cedida por el Centro Gallego de Buenos Aires.
Arturo Pérez Domínguez, presidente de la  Federación de Sociedades Españolas; María Teresa Michelón Martínez, presidenta del  Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires; Francisco Lores Mascato, presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas, y Adonis Pampín Cagide, presidente de la Federación Unión de Asociaciones Gallegas, fueron los responsables de entregar el petitorio al ministro consejero de la Embajada, Rodrigo Aguirre de Cárcer, ante la ausencia del Embajador, Rafael Estrella, quien viajó a España para participar de la cumbre entre la Unión Europea y el Mercosur.
En el texto, los representantes de la colectividad le recuerdan al Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, las numerosas ocasiones en la que lo recibieron en Argentina y “la satisfacción de escucharle, en cada una de esas visitas, sus manifestaciones de firme apoyo a los emigrantes y defensa de sus derechos, consecuencia desde luego de una profunda convicción que se ha reflejado claramente en su gestión de Gobierno, en las acciones emprendidas, en las normas dictadas y en las medidas adoptadas, siempre orientadas a fortalecer los lazos con la emigración y perfeccionar los derechos del ciudadano español residente en el exterior, en igualdad con los españoles residentes en nuestra Patria”.
De esta manera, solicitan su mediación “para evitar que se consume la desafortunada iniciativa nacida que intenta despojar a los ciudadanos españoles residentes en el exterior del ya consagrado derecho al voto en las elecciones municipales”, y critican con dureza el dictamen de la Subcomisión, “que pisotea este derecho y pretende hacer del ciudadano español en el exterior un proscripto político”, recalcando que su aprobación “significaría, lisa y llanamente, una flagrante violación de la Constitución y del Estatuto”.
En la misma tónica, expresan el convencimiento de que Zapatero avala la posición de los españoles que residen en el exterior: “Ud. conoce el profundo malestar y preocupación que hoy sufrimos más de un millón y medio de españoles afincados en decenas de países en todo el mundo ante la dolorosa perspectiva de convertirnos en ciudadanos de segunda, que no otra cosa sería limitar nuestro derecho de votar. Negarnos esa participación sería tan absurdo como negar nuestra condición de ciudadanos, pero no dejaría de ser un inadmisible recorte de nuestros derechos. Estamos seguros que vuestra sensibilidad hará todo cuanto esté a su alcance para impedirlo”.
Luego de entregar este documento, los cuatro directivos salieron de la Embajada acompañados por Aguirre de Cárcer, quien se dirigió a los manifestantes: “Gracias a todos por venir; así se hace la democracia y no quedándose en casa”, fueron sus breves palabras, asegurándoles también que transmitiría el mensaje no sólo al Gobierno de España, sino también al Parlamento de los Diputados, “ya que es allí donde se deciden las leyes”.