Satisfacción en CeDEU por la decisión de la Cámara Alta y agradecimiento a «la sensibilidad y palabra de todos los grupos políticos»

El Centro de Descendientes Españoles Unidos (Ce.DEU) expresó su satisfacción por la aprobación a trámite de ley por parte del Senado del proyecto presentado por Unidos Podemos que tiene por objetivo ampliar el acceso a la nacionalidad española de los descendientes de emigrantes que quedaron fuera de los supuestos incluidos en la Ley de Memoria Histórica.

En un comunicado enviado a España Exterior, la agrupación se congratuló por la toma en consideración de la proposición de ley presentada para subsanar las carencias en materia de nacionalidad española a los hijos y nietos de emigrantes.

En ese sentido, resaltaron “la gran labor” de Sara Vilà en llevar a debate una proposición de ley elaborada con especialistas como Aurelia Álvarez Rodríguez, Patricia Arraras y la propia agrupación, teniendo en cuenta los acuerdos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

Desde Ce.DEU felicitaron especialmente “la habilidad política de la senadora Sara Vila de obtener unanimidad en su toma en consideración”, a la vez que agradecieron “la sensibilidad y palabra de todos los grupos políticos entre ellos, PP, PSOE, ERC, Ciudadanos y PNV”.

Por otra parte, resaltaron que con este proyecto “se buscan resarcir medias generaciones, y no enteras”, y que la nueva ley solucionaría los casos de familias divididas en el exterior puesto que algunos de sus miembros se ven en la actualidad excluidos del acceso a la nacionalidad por razones de edad al momento de sancionarse la Ley de memoria histórica, por falta de ratificación de la nacionalidad al cumplir los 18 años o, en algunos casos específicos, por el género del interesado o de su progenitora.

En ese sentido, llaman a la responsabilidad del resto de colectivos, grupos políticos y despachos, aclarando que se beneficiarían un máximo de 275.000 personas en todo el mundo, cálculo efectuado a partir de un censo hecho por el mismo Ce.DEU y especialistas estadísticos en base a la población española en el exterior.

Además, destacaron que en anteriores leyes “se hablaba de tres millones de españoles nuevos, o efecto llamada, cuando en términos reales no se superó la cifra de 300.000 beneficiarios, ni significó migraciones masivas. Se repetirían, por ende, las cifras de la última reforma, como fue la disposición adicional séptima de la Ley de memoria histórica”, y subrayan que tampoco generaría gastos sociales adicionales, “puesto a que se trata de una nacionalidad de opción, y el Gobierno previamente no la había vetado por aquella cuestión”.