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Frente común de la Valedora do Pobo de Galicia y el Defensor del Pueblo para que se flexibilicen los criterios de las ayudas para los retornados que no perciben las pensiones de Venezuela

La suspensión de los pagos suma más de dos años y hay personas en grave situación de empobrecimiento
Última Actualización Jueves, 11 de Enero de 2018. 14:15h.

Siguiendo criterios de la Valedoría, la Xunta de Galicia tramita prestaciones sociales con requisitos flexibles dada la gravedad de algunos casos. La Valedora obtuvo colaboración del Defensor del Pueblo que ya instó a las autoridades estatales a revisar los criterios.


La Valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, sigue dando pasos para tratar de mejorar la situación de los emigrantes gallegos afectados por la ausencia de pago de las pensiones en Venezuela. Hace más de dos años que estas personas no perciben sus pensiones y desde la Valedoría ya se tiene constancia de casos de empobrecimiento grave, según indica la institución en una nota de prensa.

Las últimas quejas recibidas se centran en la denegación de ayudas procedentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la imposibilidad de acceso a pensiones no contributivas. Otero pidió colaboración al Defensor del Pueblo para que instara a los órganos estatales correspondientes a aplicar criterios más flexibles. La respuesta fue positiva y el Defensor ya dirigió tres recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad Social para que facilite el acceso a las prestaciones.

Las recomendaciones que el Defensor dirigió a las autoridades estatales están en plena sintonía con las actuaciones previas desplegadas por la valedora ante las autoridades autonómicas. La Consellería de Política Social ya tramita prestaciones sociales de acuerdo con la situación de estas personas, flexibilizando los requisitos para acceder a las ayudas.

Uno de los más problemáticos, tanto en el ámbito autonómico como estatal, es que la normativa actual exige a los afectados demostrar el impago cuando el organismo oficial venezolano se niega a certificarlo. En este sentido, tanto el Defensor del Pueblo como la Valedora consideran que debería bastar con medidas de prueba más sencillas.

Ambos defensores coinciden también en la necesidad de que, en el acceso a las ayudas, no se computen como ingresos el importe de las pensiones no abonadas desde enero de 2016. De este modo podría reconocerse a las personas en situación económica más precaria el derecho de complemento a mínimos de sus pensiones y otras prestaciones de carácter no contributivo o asistencial.

Otra de las propuestas pasa por instar a las autoridades a revisar de oficio el reintegro de prestaciones por cobro indebido de complemento a mínimos por residencia o las reducciones de tal complemento en los ejercicios 16 y 17 no que Venezuela no hizo ingresos de pensiones a los beneficiarios.

Preocupación de la Valedora

La actuación de la Valedora do Pobo ante su homólogo estatal se enmarca en el conjunto de acciones desarrolladas desde hace dos años por la institución dada la especial sensibilidad con la situación que atraviesan los pensionistas gallegos. Con carácter previo la valedora se dirigió al anterior y al actual defensor del pueblo de Venezuela sin obtener respuesta; instó a las autoridades gallegas (Emigración y Política Social) a asegurar ayudas a los casos más graves e incluso involucró en este problema a la Federación Iberoamericana de Ombusman, de la que forma parte, para que reprendiera la falta de respuesta del defensor de Venezuela.

La eliminación de las trabas burocráticas existentes para el reconocimiento de las prestaciones, en tanto continúe el impago de pensiones por parte de Venezuela, supondría un pequeño respiro dada la grave situación por la que pasa el colectivo de pensionistas gallegos emigrados a Venezuela, en la mayor parte carentes de recursos económicos alternativos para su subsistencia.

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Milagros Otero y Francisco M. Fernández Marugán.
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