Visto para sentencia el juicio de los marineros de Long Hope por las pensiones en Noruega

El pasado 5 de abril quedó visto para sentencia en un juzgado de Oslo el proceso civil por la demanda de un grupo de marineros españoles que estuvieron embarcados en buques mercantes noruegos y que reclaman a ese Estado el pago de sus pensiones.

En total el caso afecta a unos 12.000 marineros, embarcados desde 1948 a 1994 (cuando este país entró en el Espacio Económico Europeo). Fueron obligados por ley a pagar hasta el 30% de su salario bruto en impuestos aunque, al no vivir en el país escandinavo, se les impedía cotizar, motivo por el que no reciben una pensión.

La defensa de los querellantes -200 marineros o familiares y Long Hope, la asociación que los representa- insistió en que los marineros sufrieron una diferencia de trato, porque a los noruegos embarcados en los mismos buques no se les exigió tener residencia.

La sentencia será emitida entre finales de abril y principios de mayo

Basándose en documentación del trámite parlamentario previo a la adopción de la ley noruega de pensiones en 1966, sostuvieron que fue una discriminación por motivos económicos, con el objetivo tácito de ahorrarle gastos a los armadores de este país nórdico para poder ser competitivos.

Los demandantes también han presentado en los dos días que ha durado el juicio documentos oficiales de los archivos nacionales de España y de Noruega que acreditan que tributaron allí, así como el convenio de doble imposición entre ambos países.

La fiscalía del Estado, que inicialmente había cuestionado que pagasen impuestos en Noruega, insistió en que, al no residir allí, no podían cotizar en este país, por lo que no cumplían los requisitos exigidos y no se puede hablar de exclusión, si bien admitió que se quiso proteger también a los nacionales.

«Estamos satisfechos, pero no contentos del todo, donde queremos sentar a Noruega es en Estrasburgo», dijo a Efe en conversación telefónica el portavoz de Long Hope, Alberto Paz Viñas, uno de los cuatro marineros que declaró en el juicio y, como la mayoría de los querellantes, originario de Galicia (norte de España). El caso debe pasar por las tres instancias de la justicia noruega para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.