Socios del Centro Gallego de Buenos Aires que forman parte de la Agrupación Alfonso Castelao-Pro Centro Gallego enviaron un escrito a la ministra de Desarrollo y Acción Social del Gobierno argentino, Carolina Stanley, en el que solicitan el cese de la intervención de la centenaria institución por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y la restitución de su gestión y administración a sus socios sin ningún tipo de deuda.
El escrito, firmado en representación de la agrupación por Ángela Calvo, socia 292.780, insta a Stanley, como responsable del Ministerio al cual responde el Inaes, el “cese inmediato a la intervención de nuestra institución” y que la misma sea restituida sin ningún tipo de deuda “dado que es el Estado nacional quien, a través de su organismo representante, Inaes, es único y absoluto responsable”.
Según explica Calvo, “es evidente que al cabo de cuatro años el mismo Inaes no ha podido cumplir con su misión de ordenar y equilibrar un simple problema económico”, refiriéndose a la deuda de 60 millones de pesos (alrededor de 3,5 millones de euros) que en 2012 la institución mantenía en carácter de falta de pago a sus trabajadores y a algunos proveedores, deuda que afirma supera en la actualidad los mil millones de pesos (cerca de 60 millones de euros) según el propio interventor, Martín Moyano Barro, a pesar de que, aclara, “a la fecha no se han presentado balances oficiales acreditados por el juzgado Nº54 y su veedor”.
Además, sostiene que la intervención no ha dado explicaciones sobre el origen de dicha deuda y que las deudas salariales y a los proveedores persisten, “amén de que no se han efectuado obras de envergadura”.
En nombre de la agrupación (que se encuentra en el proceso de recolección de avales para ser oficializada como una de las agrupaciones políticas del Centro Gallego), Calvo acusa a la intervención de vaciar lentamente de servicios médicos el hospital de la institución, falta de insumos y tercerización de servicios sin llamado a concurso “sino seleccionados por el propio interventor, dueño de una empresa de servicios de salud, Healthy Service S.A, de la cual figuraba como gerente hasta el año 2015”.
En el escrito se argumenta que la renuncia de Moyano a dicho cargo “puede deberse al hecho de estar inhibido por el Banco Central de la República Argentina por haber librado cheques sin fondos” y que por tal motivo nunca debería haber recibido la responsabilidad de hacerse cargo de la intervención del Centro Gallego.
También le recuerda a Stanley que Moyano “ha intentado llamar a elecciones y refrendar su resultado a través de un acto que calificamos de doloso pues no se efectuaron de acuerdo a los Estatutos del Centro Gallego en cuanto a su forma y tiempo”, motivo por el cual presentaron una denuncia penal que actualmente se encuentra en trámite.
En ese sentido, recuerda que el principal motivo del acto eleccionario “era la devolución de nuestra institución a los legítimos dueños, lo que indica que existe el convencimiento en el Inaes que así debería ser y refrenda nuestro pedido”.
Luego de enumerar los principales problemas que atraviesa el hospital de la institución, como la impugnación de las elecciones lograda por la oposición en la última asamblea de representantes, la falta de fondos para pagar salarios en tiempo y forma a pesar de la ayuda del programa Repro del Ministerio de Trabajo argentino, la falta de pago a proveedores “que está produciendo la suspensión de cirugías por carecer de un elemento básico y poco gravoso como son las gasas”, Calvo acusa a Moyano de “amenazar a los empleados y socios con el cierre de la institución”.
Sobre este último aspecto, le recuerda a Stanley que por los artículos 30, 35, 35 bis, 36 y 37 de la Ley 20321 y las resoluciones del Organismo de Contralor 729/78 y 119/88, la disolución de la entidad sólo puede llevarse a cabo si se diera alguna de estas situaciones:
- Por decisión de la Asamblea de Asociados a causa de imposibilidad de seguir cumpliendo con su objeto, pérdida irreversible de su patrimonio, incapacidad de generar ingresos o cualesquier otra causa similar que a juicio de los asociados determine la inviabilidad de la entidad.
- Por decisión de la justicia a solicitud del Organismo de Contralor: en general esto puede suceder en el caso de acefalías irreversibles, incumplimiento relevante de las normas de Ley 20321 y resoluciones complementarias, irregularidades graves o imposibilidad de cumplimiento de objeto o incapacidad patrimonial.
- Por decisión de la Justicia por habérsele decretado la quiebra a la asociación y posterior presentación a concurso de acreedores. Esto implica que durante el tiempo que dure el concurso, su actividad será supervisada por el juez y el síndico del concurso. Se establece una propuesta de pago a los acreedores con diferimiento de vencimientos y/o quitas en los totales adeudados que posibiliten la continuidad de funcionamiento de la entidad para intentar resolver sus problemas. La propuesta debe ser aprobada por los acreedores y el juez. Si al cumplirse los plazos acordados la mutual pudo salir a flote y los acreedores cobraron sus acreencias, el juez dispone la finalización del proceso concursal y la mutual regresa a su normalidad operativa. Si por el contrario el plan no se pudo cumplir parcial o totalmente, el concurso puede proseguir con otro intento o directamente el juez “decreta la quiebra” de la asociación que de esta manera entrará en el proceso final de disolución y liquidación que culminará con su extinción como persona jurídica.
Según Calvo, “ninguna de las situaciones están dadas y las que se hubieran producido, son de entera responsabilidad de los funcionarios puestos como interventores por el Inaes con aval del juzgado civil correspondiente” y resalta que las agrupaciones políticas representantes de los socios “han cuestionado desde siempre tales medidas que han puesto al Centro Gallego en un estado de desequilibrio económico financiero y que actualmente se encuentra en la Cámara de Apelaciones en lo Civil”.
Por otra parte, Calvo asegura que el accionar de la Agrupación Alfonso Castelao “ha sido siempre de diálogo y concordia”, y pone como ejemplo la reunión que mantuvieron en el mes de marzo con el presidente del Inaes, Marcelo Collomb, en la que le presentaron un Proyecto de Reestructuración Administrativa y Económica, le exigieron la remoción del interventor que precedió a Moyano y le solicitaron administrar de manera conjunta la institución por un año hasta dilucidar el estado de los balances y memoria e iniciar la aplicación de la restructuración exhibida.
“Se nos prometió respuesta en quince días; al mes, y sin mediar comunicación alguna, fue presentado el Sr. Martín Moyano Barro, militante peronista de la nueva generación, que de acuerdo a información recogida, habría contado con el aval de un ex político que gobernó la Ciudad de Buenos Aires o un gremialista de quien el Sr Moyano menciona públicamente como pertenecer a su espacio”, explica.
Finalmente, Calvo le asegura a Stanley que los socios que están pidiendo el cese de la intervención, a pesar de no haber conseguido resultados favorables hasta el momento, siempre han respetado y recurrido a todas las instancias legales habidas o por haber para hacer sus reclamos, y concluye: “Ud. representa nuestra última esperanza antes de que los ‘viejos gallegos’ debamos recurrir a instrumentos de carácter publicitario como las movilizaciones en defensa de nuestro patrimonio cultural y económico de más de una centuria desde su creación. El cierre de un hospital con 400 camas no será un hecho sin trascendencia pública por el carácter social que representa dentro del sistema actual de salud”.