Rodríguez Miranda confía en que se eliminen las trabas al ejercicio del voto en el exterior

Rodríguez Miranda quiso reconocer públicamente la sensibilidad del Gobierno de España con la tributación de los retornados españoles con pensiones del extranjero. La propuesta de regularización del Ejecutivo central le pareció adecuada y que responde a las posiciones emanadas desde el Parlamento de Galicia y de su Gobierno autonómico, “sin poner en duda la obligación que el conjunto de los españoles tenemos de aportar, proporcionalmente a nuestras rentas, a la riqueza nacional, siempre que no exista afán defraudatorio -como ha ocurrido con este colectivo- la condonación por ley de los recargos, intereses y sanciones que hasta el momento afectaban a estos ciudadanos”.
Por otro lado, el responsable de la Xunta en materia de Emigración situó la problemática del voto exterior como el tema que más preocupaba a todos los miembros del Consejo, tanto representantes de la colonia española como los de las administraciones. Miranda recordó que Galicia ha impulsado el debate sobre la reforma de la Loreg desde sus instituciones; no en vano, la iniciativa que se está tramitando en las Cortes españolas surge de una propuesta legislativa emanada del Parlamento gallego.
“Seguimos el proceso parlamentario con mucho interés -afirmó- y confiamos en que se eliminen las trabas al ejercicio del voto en aras a equipararlo al de cualquier ciudadano español residente dentro de nuestro territorio”. Aseguró que los 1.765.000 españoles residentes en el exterior con derecho a voto “están demandando una reforma que afiance sus derechos de participación electoral y que facilite su ejercicio con las mismas garantías que el resto de sus conciudadanos”.
Esta ciudadanía exterior, según Miranda, “ha mostrado siempre su interés por mantener vínculos sociales, familiares, culturales y también económicos con su tierra natal o la de sus ancestros. Es el momento de dar una solución adecuada e integradora a este interés por seguir dando muestra de su sentir como gallegos y como españoles, también en la elección de sus representantes en las Cortes Generales y en los parlamentos autonómicos y europeo”.
En resumen, el secretario xeral apostó por una reforma que facilite el voto y que mantenga las garantías para evitar el fraude.
Además, el titular de Emigración explicó el programa de actuaciones de la Xunta de cara a la colectividad: “Estamos abordando en Galicia un proceso estratégico de adecuación y de modernización de la participación asociativa de la colectividad exterior. Esa actualización de la normativa autonómica en materia de emigración de ciudadanía, de galleguidad, de retorno ha sido debatida y consensuada con nuestras comunidades y entidades gallegas en el exterior”.
En referencia, por tanto, a la Lei de Galeguidades, añadió que “hoy ya es una ley que tiene un año de vida y que su desarrollo reglamentario está a punto de concluirse”. Y como continuidad a este impulso normativo, Galicia también se ha dotado de un instrumento ejecutivo, que es el Plan Integral de Emigración, dotado con más de 25 millones de euros hasta el año 2016. Busca, según señaló Rodríguez Miranda, abordar los principales retos de la emigración y de la ciudadanía gallega en el exterior que se han planteado en el comienzo del nuevo siglo: garantizar la continuidad del fenómeno asociativo gallego en el exterior, ampliar su base asociativa, integrar a la juventud e intensificar la participación de la mujer. Pero “desde el respeto al necesario rigor en cuanto a sostenibilidad y eficacia de las sociedades gallegas en el exterior como ejes fundamentales de este plan de acción”, ahondó.
El secretario xeral indicó que la intención de la Xunta es “mejorar la proyección exterior de Galicia y para ello pretendemos poner en valor sus potencialidades y sus recursos contando con la valiosa colaboración de todas las sociedades gallegas de la colectividad asentadas en los diferentes países del mundo”.
“Galicia, como nacionalidad histórica que siempre ha mostrado su lealtad y voluntad de colaboración con el Estado español, ha asumido el papel que las comunidades y entidades gallegas tienen cómo representantes de la ‘diplomacia pública’ gallega. Nadie mejor que nuestros ciudadanos en el exterior para transmitir nuestros valores pero también nuestras potencialidades a las sociedades y a los estados que históricamente les han acogido y les acogen”, afirmó Rodríguez Miranda.
Dar continuidad a las políticas sociales a favor de los residentes en el extranjero es un elemento sustancial y prioritario. “En estos difíciles años, nuestra Comunidad ha tratado de mantener su esfuerzo presupuestario dedicado a las acciones de carácter social, bien propias o bien apoyando las que desarrollan las entidades gallegas”, concluyó Miranda, quien aseguró que “Galicia es en este momento la comunidad española que está realizando un mayor esfuerzo presupuestario en materia socioasistencial en el exterior”, aunque también reconoció que es además la que tiene una mayor presencia de ciudadanos en el extranjero.