El Plan de Inserción Socio-Laboral posibilita en su primer año 11.800 contrataciones

Además de 14.000 acciones formativas para más de 84.000 personas vulnerables

El Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 de la Junta de Castilla y León ha posibilitado en su primer año 11.800 contrataciones y 14.000 acciones formativas para más de 84.000 personas vulnerables. Dada la alta demanda de las acciones del Plan, con un presupuesto para todo el periodo 2016-2020 de 369,4 millones de euros, fue necesario aumentar el presupuesto contemplado inicialmente para 2016, pasando de los 74,95 millones de euros previstos a 80,33 millones, lo que supone 5,3 millones más, un 7,2% más. 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha este Plan, con la implicación del Diálogo Social, de las entidades del Tercer Sector, de las corporaciones locales y de las consejerías de la Junta. El Plan se centra en actuaciones personalizadas de carácter integral dirigidas a las personas más vulnerables, a personas con discapacidad y a personas en exclusión o en riesgo de estarlo. La Red de Protección a las familias y la Estrategia Integrada de Empleo son los pilares en los que se fundamenta el Plan y herramientas esenciales para desarrollar sus actuaciones.

Consta de cuatro ejes, con cerca de 130 acciones. El primero se enfoca en conseguir la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables a través de la formación y el segundo se centra en el acceso al empleo y en mantenerlo. Los otros dos ejes tienen un carácter instrumental para mejorar la intervención de los profesionales sobre estas personas y lograr un cambio social en la percepción de la inclusión.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, hizo balance el pasado 8 de noviembre de este Plan en su primer año. Alicia García destacó que ha superado sus previsiones iniciales ya que ha hecho posible que más de 96.000 personas en situación de riesgo o de exclusión hayan participado en sus acciones.  Junto a esto, en 2016, el Plan destinó más del 60% de sus recursos a crear o mantener el empleo de las personas más vulnerables, lo que ha permitido 11.800 contrataciones incentivadas por la Administración, y casi el 40% restante a mejorar la capacitación y formación de estas personas para acceder a un empleo, a través de las 14.000 acciones formativas.