Bajada de impuestos para las familias, el medio rural y los emprendedores

El Proyecto de Ley de Presupuestos se acompaña del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, que recoge las decisiones ya anunciadas en relación a la bajada de impuestos. Así, eleva de 250.000 a 300.000 euros el mínimo exento en Sucesiones para herencias directas, es decir, de padres a hijos y entre cónyuges, lo que hará que más del 90% de los contribuyentes no tengan que pagar nada; crea un beneficio fiscal para asentar población en el medio rural, que consiste en una bonificación del 15% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por rehabilitar viviendas en los pueblos para arrendarlas por menos de 300 euros al mes; mejora la deducción por compra del hogar habitual y por alquiler para jóvenes residentes en pequeños núcleos de población; amplía la ventaja en el IRPF por invertir en empresas que generen empleo en Castilla y León, en favor del emprendimiento, y establece cinco años de moratoria en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental para nuevas inversiones en energías renovables en territorio autonómico.

Asimismo los tomos, que esa misma tarde registró en las Cortes la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, para su tramitación parlamentaria, mantienen la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta, que no hay que olvidar que se redujo en 2015 y 2016.

Paralelamente, en 2017 se aplicarán 51 beneficios fiscales -los 50 que estuvieron vigentes el año pasado y el que se crea en virtud del Proyecto de Ley de Acompañamiento-, con lo que ello supone de una menor tributación efectiva. Centrados en el apoyo a las familias, el fomento del empleo, el acceso a la vivienda y la protección del patrimonio, implican un coste global de 281 millones de euros que se quedarán en el bolsillo de los castellanos y leoneses, ya sean particulares o empresas.

El escenario de ingresos del proyecto confirma que las entregas a cuenta del modelo de financiación son la principal partida: ascienden a 6.101,7 millones, el 3,2% más que el ejercicio pasado, una vez descontados los 73,9 millones de euros que corresponde devolver por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y sumados los 251 de la liquidación positiva de 2015. Ahora bien, aunque suben 248 millones respecto a las notificadas en octubre y 70,4 en comparación con la estimación de la Junta para calcular el techo de gasto, continúan siendo insuficientes para financiar los 6.379 millones de euros de presupuesto conjunto de las tres consejerías sociales en 2017. De hecho, el desfase es de 277,3 millones. De ahí que el presidente Herrera reiterase que es urgente revisar el modelo de financiación autonómica, de modo que sea suficiente para sufragar los grandes servicios públicos y garantice la igualdad de los españoles a la hora de acceder a ellos, con independencia del lugar donde residan. En este sentido, recordó que en Castilla y León existe un consenso de todos los grupos parlamentarios sobre los principios que deben inspirar esa reforma.