La Junta ha destinado 320 millones de euros a la Renta Garantizada de Ciudadanía desde su creación en el año 2010 y ha beneficiado a 66.311 personas. Una prestación que nació en la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León realizada en 2010 como un derecho de los castellanos y de los leoneses en situación de exclusión. En 2016, y siempre con el acuerdo del Diálogo Social, dicha prestación tuvo la reforma y mejora normativa más importante con el fin de flexibilizar el acceso a ella, mejorar las compatibilidades con otras prestaciones y los procedimientos.
A lo largo del año pasado fueron 38.560 las personas beneficiarias de esta prestación, más de 1.000 beneficiarios más que en 2015. Además de garantizar las necesidades básicas de subsistencia, la Renta Garantizada de Ciudadanía ha reforzado en el último año su objetivo de inserción socio-laboral de las personas que reciben esta prestación y, en 2016, aumentaron más de un 37% respecto al año anterior los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía que encontraron trabajo, un total de 4.225 personas, entre otros motivos por los planes de empleo de la Junta.