La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, y el Procurador del Común, Javier Amoedo, firmaron el pasado 24 de enero un convenio de colaboración para mejorar la información que comparten y reforzar la protección del ejercicio del derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que asiste a todos los castellanos y leoneses en situación de exclusión y precariedad, así como los mecanismos de seguimiento y control.
Tras agradecer al Procurador del Común su disposición a coordinar actuaciones y colaborar con la Junta para reforzar la eficacia y la transparencia en la prestación de los servicios a los ciudadanos, Alicia García aseguró que este convenio va a servir para seguir mejorando una prestación esencial como la Renta Garantizada de Ciudadanía, enmarcada en la Red de Protección.
La Renta de Ciudadanía garantiza las necesidades básicas de subsistencia de miles de personas y familias de Castilla y León, las que peor lo están pasando por la crisis, y gracias a la última reforma de 2016 llegará también a aquellas familias sin especiales necesidades de inclusión social, que se han visto inmersas en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de los efectos de la crisis económica, así como a quienes, aun trabajando, obtienen unos ingresos insuficientes para atender esas necesidades.
Durante 2016, fueron 38.560 los beneficiarios de esta prestación, 1.000 más que en 2015. La Renta Garantizada de Ciudadanía persigue también la inserción sociolaboral de las personas y 4.245 perceptores tuvieron trabajo en 2016.