El texto normativo, que se aplicará de manera transitoria hasta que las Cortes aprueben unas nuevas cuentas para 2017, dispone la prolongación de los créditos iniciales de 2016 en todos los capítulos, con carácter general, salvaguardando la estabilidad.
La elaboración del Anteproyecto de Presupuestos requiere disponer de un conjunto de parámetros imprescindibles para garantizar que su contenido se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria, tal y como exige la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Así, para efectuar una planificación responsable y rigurosa de ingresos y gastos, la Junta necesita conocer con antelación y certeza la cuantía de las entregas a cuenta que va a recibir del modelo de financiación autonómica y los objetivos de déficit y deuda pública asignados a Castilla y León. Y el techo de gasto -que constituye el primer paso para la elaboración de los Presupuestos- sólo se acuerda una vez haya sido aprobado el objetivo individual de estabilidad para la Comunidad. Y los límites de déficit y deuda para cada autonomía, fueron asignados el día 22, durante la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y validados un día después por el Consejo de Ministros.
Dadas estas circunstancias y ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos antes del primer día del ejercicio económico 2017, fue preciso prorrogar las Cuentas que están en vigor.
El decreto recoge la prórroga de los créditos iniciales aprobados para 2016, salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse. Así, se atenderán con normalidad los gastos de personal (capítulo 1) sobre la base de las remuneraciones previstas en los Presupuestos de 2016; los necesarios para asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales (capítulo 2), y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad (capítulos 3 y 9).
Asimismo, el decreto permite atender el resto de las actuaciones que ya se vinieran realizando, así como las que se deriven de convenios o programas vigentes a 31 de diciembre que comporten obligaciones en 2017 o de las inversiones plurianuales comprometidas, permitiendo su imputación a los distintos capítulos, conforme a la naturaleza del gasto, según se trate de transferencias corrientes y de capital (capítulos 4 y 7), inversiones reales (capítulo 6) o activos financieros (capítulo 8). También se permite la imputación de partidas financiadas con recursos finalistas cuando su recepción esté debidamente acreditada.
Mayor flexibilidad
Adicionalmente, la norma establece que una vez que se han imputado los gastos procedentes de compromisos generados en ejercicios anteriores, podrán imputarse otros hasta el límite del 80% del crédito prorrogado. Precisamente esto constituye una de las principales novedades con respecto al Decreto 71/2011, de 29 de diciembre, por el que se regularon las condiciones de la Prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011.
A diferencia de lo ocurrido hace cinco años, el texto aprobado ahora confiere a los distintos departamentos del Gobierno autonómico más flexibilidad para disponer de recursos, puesto que se elimina la obligatoriedad general de contar previamente con la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, que sí será necesaria cuando se considere imprescindible un gasto que, a la vez, suponga exceder el límite del 80% del crédito prorrogado.
Reunión con la vicepresidenta del Gobierno de España
Por otro lado, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, trasladó el pasado 27 de diciembre a la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, la necesidad de que salga un plan nacional sobre demografía en la Conferencia de Presidentes, que se celebrará el 17 de enero, además de la inclusión de la Dependencia en el nuevo modelo de financiación autonómica y que las comunidades participen en un “gran pacto” educativo.
Así lo aseguró el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al término de la reunión en el palacio de La Asunción, sede del Gobierno autonómico. De Santiago-Juárez explicó que Castilla y León pidió que en la revisión del actual modelo de financiación se incluya la financiación de la Dependencia, a lo que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría “ha dado el visto bueno”. Además, la Junta quiere aprobar un plan o una estrategia “que haga frente a los desafíos demográficos” en el que puedan participar “todos”. Una estrategia contra la despoblación, que “pone en riego los pilares del Estado del Bienestar” como son las pensiones o el sistema sanitario público.
Por último, Castilla y León pedirá que “en el gran pacto por la Educación” puedan participar los gobiernos autonómicos, ya que, “es de sentido común” que quienes gestionan las competencias educativas estén también en dicho pacto, subrayó José Antonio de Santiago-Juárez.