El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se planteó las elecciones generales del próximo 28 de abril como un plebiscito a la presidencia y al Gobierno de Pedro Sánchez. Ante las críticas por haber llegado al poder por medio de una moción de censura, en la que contó con el apoyo de los partidos independentistas catalanes y vascos, los dirigentes socialistas se marcaron el objetivo de ratificar su gobierno en las urnas, por un lado, y con una mayoría suficiente que les permita evitar a las fuerzas soberanistas como socios imprescindibles para la formación de gobierno, por el otro.
Para ello, cuentan con que la disgregación del voto entre los partidos de la derecha les penalice y con acaparar el mayor número de sufragios posibles por la izquierda, alertando contra la llegada de la extrema derecha, como califican a Vox, y presentándose como el único voto útil para lograr ese objetivo.
Asimismo, centran su discurso en la política social y hacen un llamamiento al voto progresista para combatir los recortes sociales y la corrupción, que identifican en el PP. Para ello, desde que decidieron el adelanto de las elecciones y convocaron la cita con las urnas, el Gobierno de Sánchez no ha cesado de aprobar en los Consejos de Ministros medidas de carácter social y otras dirigidas a sectores concretos que podrían reportarle votos. Unido todo esto a propuestas de su programa electoral de marcado carácter social como blindar las pensiones con una reforma de la Constitución o aumentar la recaudación del Estado, por impuestos a las rentas altas o con peajes en autovías, para destinar los ingresos a la educación, la sanidad o las pensiones.
En cuanto a la situación en Cataluña, Pedro Sánchez y el PSOE no han querido ahondar mucho en ella y se han limitado, por lo general, a reivindicar su apuesta por el diálogo y el entendimiento para solucionar los problemas de convivencia que consideran la clave del asunto. Sin embargo, Sánchez llegó a asegurar que imperará el respeto a la Constitución, no habrá referéndum ni independencia de Cataluña. Frente a esto, uno de los puntos débiles de su campaña electoral ha sido la falta de contundencia para negar que su gobierno pueda indultar a los líderes soberanistas catalanes procesados por el 1-O, en caso de sentencia judicial en su contra.
Y el otro punto débil ha sido la gestión de los debates televisivos. Primero al negarse a un cara a cara con el líder de la oposición, Pablo Casado (PP) y después al rechazar un debate con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos si no participaba Vox, algo que impidió la Junta Electoral Central, obligando a cambiar de postura al PSOE no sin intentar presionar a la pública TVE para solapar el debate ya comprometido con la privada Atresmedia.
