Pedro Sánchez anuncia una reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos

En el transcurso del acto que se celebró coincidiendo con los 100 días de Gobierno

La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, junto al rey Felipe VI; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras prometer su cargo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 17 de septiembre la reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos en España, con el liderazgo del Gobierno y el consenso de las fuerzas políticas. Lo hizo en el transcurso del acto celebrado en la Casa de América coincidiendo con los 100 días de Gobierno al que asistieron representantes de todos los estamentos de la sociedad civil española.

Según explicó el presidente del Ejecutivo, “si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución podrá entrar en vigor en tan solo sesenta días desde que se inicie su tramitación en el Congreso”.

Sin embargo, la propuesta recibió las críticas de todos los partidos mayoritarios. Del PP y Ciudadanos por considerarla una cortina para tapar los problemas del Gobierno y muy inoportuna en plena crisis en Cataluña y con muchos problemas para alcanzar mayorías en el Congreso. Unidos Podemos considera que es poco ambiciosa la reforma y los secesionistas también la vieron insuficiente por no abordar el derecho a decidir. A pesar de todo, el Gobierno inició el procedimiento para modificar el régimen de los aforamientos políticos en la Constitución, al encomendar al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo, la elaboración de la propuesta de reforma constitucional de los artículos 71.3 y 102.1.

Mientras, el Congreso de los Diputados aprobó el día 18, con 253 votos a favor y 87 abstenciones, una moción de Ciudadanos para impulsar una reforma de la Constitución en tres meses para suprimir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno y para instar a los parlamentos autonómicos a cambiar los estatutos para hacer lo propio con sus representantes políticos. PSOE y PP la apoyaron a pesar de discrepar sobre el alcance de la supresión de los aforamientos y los plazos para hacerlo.

 

Dos ministros dimitidos en este periodo y dudas sobre su tesis doctoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistió el pasado 13 de septiembre en La Zarzuela a la promesa del cargo de la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, en sustitución de Carmen Montón, que dimitió un día antes al revelarse que había plagiado buena parte de su trabajo de fin de máster y reconocer la Universidad Rey Juan Carlos alteración en sus calificaciones.

Fue la segunda dimisión de un ministro que tuvo que afrontar Pedro Sánchez en 100 días de Gobierno tras la de Màxim Huerta, que dejó la cartera de Cultura y Deporte por antiguos problemas con Hacienda a la semana de ser nombrado. Y precisamente Sánchez fue el foco de atención, tras el caso Montón, por las acusaciones de supuesto plagio de su tesis doctoral y de un libro posterior con ella y de vínculos personales e incluso por colaborar en su tesis con los miembros del tribunal que le calificaron, que han mantenido varios medios de comunicación. El presidente, tras responder en el Congreso de los Diputados al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que su trabajo era de acceso público por internet, se vio obligado a ordenar posteriormente que se colgara la tesis en formato digital. Moncloa defendió que superaba los estándares de dos aplicaciones anticopia pero estos revelaron, posteriormente, que no era así y que superaba con creces los porcentajes de plagio reconocidos por el Gobierno.

Mientras, la Fiscalía del Tribunal Supremo rechazó investigar por cohecho impropio y prevaricación administrativa al presidente del PP, Pablo Casado, por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos al no ver indicios de ello y observar sólo meras sospechas y conjeturas. La decisión final depende ahora de la Sala de Admisión del Supremo, que no está obligada a seguir el criterio del Ministerio Público, si bien el tribunal suele coincidir con el parecer de la Fiscalía.

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