Unos 400.000 residentes en Venezuela no han podido recuperar su nacionalidad

La República Bolivariana podría superar a Argentina en cuanto al número de emigrantes españoles

Félix Barbero, presidente de la Federación de Centros Españoles (Feceve).
El día de la toma posesión de la nueva directiva de la Feceve, cuando Félix Barbero reconoció con una placa la labor de la junta saliente.

La indemnización de las expropiaciones y tierras invadidas; la elaboración de una ley de nacionalidad que homologue, sin ningún tipo de discriminación, los derechos de los españoles emigrados a los del resto de españoles; el voto en urna que evitaría las irregularidades del voto por correo; y las mejoras en la atención sanitaria son las principales luchas a favor de los españoles residenciados en Venezuela que continuará la nueva directiva de la Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), durante el periodo 2009 al 2011, repitiendo en la presidencia Félix Alfonso Barbero Martín.

Debidamente documentadas, se encuentran las peticiones y gestiones que la directiva de Feceve ha venido realizando desde el pasado periodo 2008-2009, que según demuestra Barbero se han presentando a todos los organismos que tienen autoridad en España, como la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, la Dirección General de Ciudadanía Española en el Exterior, al Ministerio de Trabajo e Inmigración, al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; a los distintas partidos políticos representados en el Congreso, y a la propia Presidencia de Gobierno.

Algunas de las peticiones de la Feceve se han transformado en logros durante los últimos años, como la creación de dos nuevos consulados en las ciudades venezolanas de Puerto La Cruz y Barquisimeto; o el prorrateo del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Sin embargo, como señala el presidente Barbero “debemos continuar resolviendo los problemas que enfrenta nuestra comunidad española en Venezuela”.

Oficialmente en Venezuela se encuentran registrados unos 170.000 españoles, sin embargo Félix Barbero, quien lleva cuatro años al frente de la Feceve, insiste en que el número rebasa los 400.000 y podría superar a Argentina, el país que actualmente se reconoce como el de mayor población española emigrante. “Estos españoles están repartidos por todo el territorio nacional y muchos desconocen su derecho a reclamar su nacionalidad o cuando acuden al Consulado les piden tal número de papeles que desisten. Otros no reciben ninguna respuesta. Y a una mujer le buscan cualquier excusa y no la va a recuperar nunca. Y esta anormalidad solamente se presenta en Venezuela. He planteado la situación a las autoridades, incluso en el Congreso, pero los políticos evaden el tema, pues lo ven como una cuestión económica”.

Partiendo de que la nacionalidad no se pierde a menos que el sujeto declare renunciar expresamente a ella ante las autoridades españolas competentes, la Feceve plantea su requerimiento de una nueva ley de nacionalidad que dé respuesta definitiva y justa a la discriminación actual, que obliga a cada español a solicitar individualmente la recuperación de su nacionalidad.
“En Venezuela pedimos que den la instrucción inmediata al Consulado General en Caracas para la restitución y reconocimiento de nuestros legítimos derechos, que venimos solicitando desde 1992 en repetidos documentos, debidamente sustanciados, como sentir de nuestra colectividad. La discriminación es contra los españoles emigrados antes de 1978 ya que a los posteriores a dicha fecha no se les obliga a demostrar su nacionalidad”.

A juicio de Barbero se trata de hacer valer la Constitución, que establece que ningún español de origen pierde su nacionalidad. En cuanto a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica que permite obtener la nacionalidad española a los hijos y nietos, el entrevistado alega que cada Consulado interpreta la ley a su manera, en perjuicio de la legalidad. Por ello insta a todos los perjudicados a referir su caso a la Organización Internacional de Descendientes de Españoles (OIDE): “allí les darán la solución a su situación sin ser manipulados”.

Otro tema que aún no se ha resuelto es el referido a los ciudadanos españoles cuyas tierras han sido invadidas o expropiadas en Venezuela. En junio de este año, la Feceve enviaba una comunicación al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y al propio presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, donde reiteraba que no se han recibido las indemnizaciones por parte del gobierno venezolano. “Aunque actualmente está establecida una mesa técnica con representantes de España y Venezuela para tratar el problema, ésta solamente está revisando los casos de las tierras agropecuarias, pero hay un total silencio sobre las tierras urbanas invadidas o expropiadas”.

Atención social y sanitaria
La población española emigrante envejece y requiere mayor atención sanitaria, especialmente en un momento en que Venezuela atraviesa una etapa de serias dificultades en cuanto a la atención hospitalaria. La Feceve, con sus propias carencias presupuestarias, no ha dejado de requerir la ayuda para la comunidad española.

Explica Barbero que “desde hace años presentamos un proyecto para crear el Hogar de la Tercera Edad, para el cual el club del Estado Miranda nos donaba el terreno. España no tenía que invertir dinero, y solucionaría la situación de los viejitos que tendrían allí resuelto su problema de vivienda a la vez que su atención medica. El proyecto todavía está vigente y se lo volvimos a entregar a Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, y aunque no hemos recibido respuesta, nosotros seguimos insistiendo en ese proyecto”.

En cuanto a las pensiones de ayuda que se otorgan a través de la Consejería de Trabajo e Inmigración de España en Venezuela, Barbero piensa que debe reordenarse el proceso de entrega. “Seguimos luchando para que las pensiones sean un derecho y no que un año se les den y al otro se las quitan, porque no se puede esperar a que una persona esté arrastrándose por la necesidad. Cómo es posible que una persona de edad avanzada que ya ha demostrado su falta de ingresos, tenga todos los años que entregar una cantidad de papeles para justificar su estado”.

La solución de todos estos problemas deberían tramitarse a través de los Consejos de Residentes Españoles (CREs), creados como órganos consultivos de los Consulados y como entes representativos de las comunidades españolas en el exterior. Sin embargo, en Venezuela, no se ha hecho la debida difusión del alcance del CRE y el derecho de interlocución con el Consulado que debe garantizar. Al respecto Barbero alega, “El CRE fue creado como un organismo que interrelacionara las autoridades y las propuestas de nuestra comunidad y facilitara la comunicación entre ambos entes. Pero no nació como un organismo autónomo, como propuso la Feceve, sino que las autoridades lo impusieron como un órgano consultivo, y en vez de tener un carácter social el Consejo se convirtió en un ente partidista. Y es terrible ver en los periódicos que sólo están representados partidos políticos y el de Venezuela es uno de los pocos CRE a nivel mundial que se elige de esa forma tan descarada. Y como privan los intereses políticos, no dejan que se aprueben las medidas necesarias para atender a la comunidad española”.

La nueva junta directiva
La Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve), que acaba de cumplir 35 años desde su creación, es una asociación civil que representa tanto a los centros y clubes de españoles residentes en el país como a los particulares provenientes de las distintas comunidades autónomas españolas. Creada en el año 1974, actualmente cuenta con la afiliación de 38 centros sociales, con los objetivos básicos de servir de intermediaria entre la comunidad y las autoridades, tanto españolas como venezolanas, en todo lo referente al planteamiento y resolución de los problemas sociales y económicos de la emigración.

La directiva que regirá los destinos de la Federación de Centros Españoles de Venezuela (Feceve) para el periodo 2009 al 2011 está conformada de la siguiente manera: presidente, Félix Alfonso Barbero Martín; vicepresidente, María José Ramos Hernández; secretario general, Juan Suárez Lemos; secretario de actas, Gonzalo Antonio Rodríguez Caraballero; tesorero, Mari Carmen de Sanz de Ces, director de juventud y la mujer, Adriana Ferrer; director de recursos, Juan Grávalos Muñoz; director de organización y zonas, Delfina Pérez Abrantes; director de relaciones publicas, Eduardo Delgado Fuente; director de cultura, Francisco Reina Negrete; director de juventud y deportes, Edgar Mora y director de bienestar social, Beatriz Yánez García.