Un socio del Centro Gallego de Buenos Aires denuncia al interventor de la institución ante la justicia argentina y solicita la anulación de las últimas elecciones

Le acusa de "mal desempeño de los deberes de funcionario público" como responsable de lo que califica como un "fraudulento proceso electoral"

Rafael Osvaldo Méndez González.

Méndez Gonazález acusa al funcionario del Inaes de “mal desempeño de los deberes de funcionario público”, y en la que solicita la anulación de todo lo actuado en torno a las últimas elecciones, a las que calificó como “un fraudulento proceso electoral” por entender que varios de los candidatos no reunían las condiciones mínimas para poder presentarse a un cargo directivo.

Según el texto presentado en los tribunales argentinos contra “los diferentes actores de tan significativo saqueo a nuestra colectividad”, la denuncia tiene por objeto la investigación de la “posible comisión del eventual delito que pueda determinarse y/o de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 249 del Código Penal) por el uso indiscriminado de fondos y bienes de origen sospechoso para actuar sobre el resultado del acto electoral y la eventual existencia de una asociación ilícita”.

La acusación de Méndez se basa, según sus palabras, en que los últimos comicios realizados en la institución para la elección de autoridades de junta directiva (los primeros realizados desde que el Inaes intervino el Centro Gallego hace más de seis años) estuvieron “viciados de irregularidades, fruto de la acción y/o inacción de quien fuera y es actualmente el interventor de la institución, Sr. Martin Moyano Barros, y en eventual connivencia con personas que decidieron participar como eventuales representantes de los asociados sin cumplir los requisitos legales a tales efectos”.

La parte denunciante explicó que conforme surge de sólo cotejar los padrones electorales de los años 2014 y 2016 “puede verse, sin ningún halo de duda, que varias personas que figuran como candidatos, y a la postre elegidos, no son asociados de la institución, o bien no reúnen la antigüedad dispuesta por los estatutos para participar con todos sus derechos del acto electoral ni ser elegidos”.

En la misma dirección, agregó que las listas de candidatos se presentaron de manera extemporánea a lo establecido por la reglamentación vigente, impidiendo con ello el control de legalidad pertinente, “en clara maniobra fraudulenta con los principios básicos democráticos que deben regir todo acto electoral”, y apuntó que varios de los candidatos elegidos en la elección no figuran como asociados en el padrón del año 2016 y otros no figuran en el del año 2014, por lo que no tienen la antigüedad requerida por el estatuto para ser elegidos; además, añadió que muchos de ellos fueron reincorporados sin mediar declaración de amnistía, por lo que el acto electoral debió haber sido declarado “nulo de nulidad absoluta e insanable”, situación por la que Méndez acusó a Moyano Barros de una “grosera violación del control de legalidad correspondiente”.

 “Como podrá observarse, -cargó Méndez-, las irregularidades denunciadas han afectado en forma grave el principio de legalidad respecto del acto eleccionario, violando de manera palmaria los estatutos de la institución, conculcando los principios básicos del acto electoral y los derechos de los asociados de elegir y ser elegidos, a más de los derechos constitucionales garantizados por nuestra Carta Magna, pilares de la democracia, ocasionando lo denunciado que el acto electoral resulte nulo de nulidad absoluta e insanable y solicitando se investigue las responsabilidades penales de aquellos que permitieron el avasallamiento de los derechos de los asociados”.

Además de la “anulación total de todo lo actuado”, Méndez exigió en su denuncia el desplazamiento de Moyano Barro y la solicitud al organismo de aplicación de la inmediata normalización económica de la entidad, toda vez que esa fue la razón que dio origen a la intervención, y la condena efectiva a todos los actores comprendidos en actos que lesionan los intereses de los socios de la institución, “únicos y auténticos dueños del bien administrado”.

Además, pidió el nombramiento de un delegado normalizador que en un plazo preestablecido proceda en conjunto con una comisión de socios elegida democráticamente a poner en marcha un plan de reordenamiento que devuelva el Centro Gallego a sus dueños en condiciones reales de auto sustentabilidad.

Méndez, quien integra la recientemente creada Agrupación Alfonso Castelao (aún no reconocida como una de las agrupaciones políticas del Centro Gallego), invitó a todos los socios “que se sientan comprometidos con la causa de recuperación de nuestra querida casa”, a presentarse espontáneamente en la Cámara en la que está radicada la denuncia, sita en la calle Viamonte entre Libertador y Cerrito, para abrir nuevas causas “y reafirmar el pedido de restitución de lo que nos pertenece y nos fue quitado con irregularidades, ilegalidades y traiciones”.