“Existe un problema cuando hay una diferencia entre lo que está sucediendo y lo que uno desea que suceda”.
Los españoles deseamos que se acabe con la corrupción. Y esto debiera ser también un deseo y una necesidad de la Comunidad Internacional. Difícil, mientras se empeñen en mantener “paraísos fiscales” o, lo que es lo mismo, lugares para ocultar fortunas de procedencia sospechosa o para garantizar el futuro ante cambios bruscos en las decisiones políticas
Lo primero para acabar con la corrupción es identificarla y enfrentarse a la toma de decisiones. Lo segundo, es tener la certeza de que hay medidas para resolverlo. Y, tercero, asumir las consecuencias.
Que nadie se engañe. La corrupción no nace con este Gobierno o con el anterior o con el anterior. Ya viene de muy atrás. Pero nadie ha visto o ha querido ver este problema, como tampoco nadie se ocupó de enfrentarse, en su día, a la crisis hasta que alguien identificó el problema y asumió sus consecuencias. Y ahora que se está persiguiendo la financiación ilegal de los partidos y el enriquecimiento injustificado de cientos de políticos, sindicalistas, empresarios, el que va a sufrir las consecuencias de esta persecución va a ser el propio Gobierno que las está prodigando. ¿Por qué se ha tapado durante tanto tiempo el enriquecimiento desmesurado de la familia Pujol o el reparto de millones de los “Eres” entre políticos y sindicalistas andaluces o los pagos que se dice realizados al Sr. Bárcenas?
El problema de la corrupción no nace ahora, fue antes cuando se permitió que se estableciese como algo normal en nuestra sociedad. En el Titulo XIX del vigente Libro II del Código Penal se recogen los que denominamos “delitos de corrupción” aunque tal término sólo encabeza los delitos comprendidos (dentro del mismo título) en el Capitulo X “de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales…”
El problema de la corrupción no se combate si primeramente no se acepta que ese problema no es un problema de un partido, sino de una sociedad, y como tal debe ser analizado y resuelto por toda la sociedad, o sea, por el común acuerdo de todos los partidos. Ha de promoverse una modificación sustancial del Título XIX del Código penal, con unas penas y medidas más eficaces y contundentes, y han de arbitrarse unas Leyes procesales que permitan una serie de medidas cautelares, y un control periódico y sistemático de los signos de enriquecimiento injustificado de los funcionarios y de aquellos que utilizan fondos públicos. Ahí está el art. 20 de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, celebrada en Mérida en 2003, ¿por qué no se aplica? Porque seguimos anclados en la indecisión, en el debate del revanchismo y, claro está, “el peor ladrón del tiempo es precisamente la indecisión” Y “si sabes los que tienes que hacer, y no lo haces, estás peor que antes”. Así era el pensamiento de Gandhi. Por eso desde aquí aplaudimos que, por fin, se persiga intensamente la corrupción, aunque eso suponga asumir unas desagradables consecuencias para quien lo promueve. Por ejemplo, la pérdida del voto. Pero cuando hay un problema y uno tiene la certeza de querer resolverlo, es lógico que deban asumirse también las consecuencias ¿o no?