Los socialistas gallegos demandan la equiparación de las condiciones fiscales de los emigrantes retornados con la de los jubilados nacionales

La iniciativa del PSdeG fue rechazada en comisión por el PP

Los socialistas gallegos demandaron el viernes 6 de marzo en el Parlamento autonómico “una equiparación de las condiciones fiscales para el colectivo de emigrantes retornados con la de los jubilados nacionales”, además de “reparar, de alguna forma, el daño moral causado”.

En una proposición no de ley presentada en comisión y rechazada por el PP, la diputada socialista Carmen Gallego pidió también que “la Agencia Tributaria devuelva la totalidad de lo cobrado en materia de sanciones, recargas e intereses, realizando de oficio todas aquellas devoluciones que no fueron tramitadas al finalizar el plazo establecido2.

“Es imprescindible que se reconozca la irretroactividad de la norma para las liquidaciones que resulten de la regularización de las pensiones del extranjero no declaradas en los años no prescritos y que se devuelvan las cantidades cobradas al efecto”, al margen de la puesta en marcha “de una campaña sobre la regularización de estas rentas y la condonación de las sanciones, recargas e intereses de demora pagados”, añadió.

Por último, exigió “que se homologuen las incapacidades reconocidas en los países de origen laboral de los emigrantes retornados, estableciéndose los convenios de regulación con los organismos públicos que sean necesarios para evitar la disparidad en los grados de invalidez entre países”.

“Debe reconocer el Gobierno que parece improcedente que, otra vez, tengan que ser los y las ciudadanas afectadas los que asuman como propios los errores del Gobierno, en tanto este no hará las devoluciones de sanciones, recargas e intereses de oficio, si no que cada ciudadano y ciudadana se ve obligado a hacer la oportuna reclamación; olvida de nuevo el Gobierno que está ante un colectivo vulnerable”, manifestó Carmen Gallego.

“Por último, tampoco me debemos olvidar que estos ciudadanos y estas ciudadanas fueron tratados de forma injusta como defraudadores y defraudadoras por culpa de un cambio de interpretación por parte del Gobierno, sin haber sido comunicado, por lo que se entiende que el Gobierno deberá articular medidas que les compensen moralmente por el trato recibido”, remató.