Esta situación tiene su origen en el incumplimiento por parte de Venezuela del Tratado Internacional Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, que señala que “las prestaciones económicas, debidas por una de las partes contratantes en aplicación del presente convenio, se harán efectivas a los beneficiarios que residan en el territorio de la otra parte o de un tercer país”.
Se trata de una previsión habitual en los convenios sobre Seguridad Social sobre el principio de exportación de pensiones, orientado a garantizar el derecho a percibirlas incluso cuando los beneficiarios residan en el territorio de un estado distinto del deudor.
Según los datos de los que disponen los eurodiputados, Venezuela no habría abonado las pensiones y jubilaciones a los beneficiarios (tanto venezolanos residentes en España como nacionales españoles retornados) generadas a partir de enero de 2016. En esta situación se encontrarían unos 9.000 afectados, y no se limitaría a España ya que Venezuela tampoco estaría abonando las pensiones y jubilaciones concertadas por idéntico mecanismo del convenio bilateral con otros países comunitarios como Italia o Portugal. “Se trata de una situación anómala que es necesario encauzar para garantizar una vida digna a los pensionistas retornados del país venezolano y para el buen desarrollo de las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Venezuela”, resaltaron los eurodiputados socialistas españoles.